La Contraloría espera que el CNE cancele a organizaciones que incumplen con la ley

- 22 de junio de 2020 - 00:00

No cumplieron con los requisitos para inscribirse en el registro electoral, pero aún así cuatro organizaciones políticas fueron aceptadas por la mayoría del Consejo Nacional Electoral: Diana Atamaint, presidenta del CNE; José Cabrera, y Esthela Acero, vocales. Eso dice el informe de la Contraloría que se hizo público el pasado viernes.

Los movimientos Fuerza Compromiso Social, integrado por los seguidores del expresidente Rafael Correa, sentenciado en primera instancia a ocho años de cárcel por corrupción; Juntos Podemos, del exprefecto de Azuay, Paúl Carrasco; Justicia Social, del expresidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jimmy Salazar, esposo de Pamela Martínez del caso Sobornos; y Libertad es Pueblo, de Gary Moreno, hermano del presidente Moreno.

Según la Contraloría, el CNE debe eliminar a esas cuatro organizaciones por no cumplir con la entrega del 1,5% de firmas correspondientes al padrón electoral. Ese es un requisito indispensable para su inscripción y participación en las elecciones. Además, en 2019, el informe de Contraloría advirtió que el CNE no cumplió con la verificación de firmas e identificación de adherentes a esas organizaciones políticas, tanto así que hubo duplicidad de rúbricas, inscripción de menores de 16 años y fallecidos.

La Contraloría dice que el CNE está obligado a dejar sin efecto la inscripción de esos cuatro movimientos porque en el registro deben constar solo las organizaciones que cumplan con lo establecido por la Constitución.

El informe de la Contraloría cayó pésimo a Fuerza Compromiso Social, que fue fundado por el exministro de Inclusión Económica Social, Iván Espinel, condenado por corrupción, porque se quedaría sin un paraguas para participar en los comicios nacionales de 2021. Ellos anunciaron que acudirán a instancias legales nacionales e internacionales para evitar su eliminación. Mientras tanto, el CNE tendrá que reunirse para responder a la Contraloría.

La Contraloría subrayó que el incumplimiento a sus recomendaciones sobre la situación legal de los movimientos y partidos políticos compromete a las autoridades y funcionarios de esa vigilancia. (O) 

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