El Ministerio de Economía y Finanzas calcula en $ 212 millones anuales las pérdidas que produce al país el cruce ilegal de gasolina hacia Colombia y Perú, países en los que los autores de esta acción revenden ese combustible.

El contrabando se ha configurado en un negocio en el que participan habitantes del país que aprovechándose del precio en el que se venden en nuestro territorio los derivados del petróleo obtienen ganancias al comercializar estos a un menor valor al establecido en las naciones vecinas, pero superior, en todo caso, a las tarifas ecuatorianas.

Esto es posible porque el Estado nacional subsidia hace alrededor de 45 años el costo que pagamos por las fuentes de energía fósil a modo de compensación frente al costo de la vida, el nivel de salarios y otros indicadores económicos considerados desfavorables para el común de la población.

Lo que nació como una medida cargada de buenas intenciones se convirtió, sin embargo, en el origen de un negocio en el que intervienen auténticas redes organizadas para obtener provecho de la situación.

La existencia del delito se sostiene en cifras tales como el del consumo de gasolina por habitante que, en las zonas de frontera, de modo aparentemente inexplicable asciende a 14 galones por persona, mientras en el resto del país promedia los 10 galones.

La situación se agrava para las finanzas públicas cuando se piensa que lo que ocurre con la gasolina se replica para otros combustibles como el diésel e incluso el gas de uso doméstico (GLP).

Se tiene la certeza, entonces, que la afectación de $ 212 millones calculada por el contrabando de gasolina se multiplica quizás al doble o triple al sumar todos los derivados del petróleo que se trafican en las fronteras. Y peor aún si se considera que parte de los carburantes va a manos de mafias como los narcos.

Una afectación que la terminamos pagando con recursos de todos y que serían mejor utilizados si se focalizara su uso con fines sociales. (O)