El Ecuador no podrá ser nunca más el mismo después de la aprobación de la Constitución en septiembre de 2008, que entró en vigencia en octubre de ese año. No solo porque marque un punto de no retorno alrededor de lo que propone y genera, sino que también fue el producto de un proceso intensamente ciudadano.

Se ha dicho de todo sobre los ocho meses que llevó a la Constituyente elaborar la nueva Carta Política, pero históricamente es un documento que marca lo que el país quiso y quiere vivir para las próximas décadas, a pesar de que puedan existir fallas o vacíos. Incluso se podría afirmar categóricamente que esta es la Constitución posible para un Ecuador imposible.

Mucho más cuando algunos creen que solo existe y sirve como una máxima y no como una herramienta democrática para salir de la pobreza, profundizar la democracia y garantizar los derechos de todos y todas las ecuatorianas.

Si la fortaleza del texto constitucional no fuese tal y solo sirviera para garantizar los privilegios de unos pocos, como sí ocurrió con la de 1998, cuando se legitimó el feriado bancario, no tendríamos la estabilidad política e institucional de la que ahora gozamos. Y gracias a que están establecidas las reglas claras, el país sabe por dónde se conduce y en qué espacios puede, incluso, demandar una nueva constituyente.

Aquellos que cuestionan la ausencia de institucionalidad deberían revisar cada artículo de la Constitución para confirmar hasta dónde también tienen responsabilidad los ciudadanos en la toma de decisiones.

Lo que sí está por construirse con mayor fortaleza política e institucional, ciudadana y comunitaria, es el paradigma del Buen Vivir. No se trata de un eslogan ni mucho menos se aplica vía decreto. Allí hay un proceso que debemos impulsar desde lo individual, pasando por lo social y refrendado desde lo político. Ese paradigma es para tener otra calidad de vida y no la que determina el mercado y el consumo, sino el buen vivir o vida a plenitud.