El Gobierno ecuatoriano ha iniciado una revisión de los subsidios y actualmente fija su mirada en el diésel. Aquel que consumen los vehículos no se tocará porque afectaría el transporte de mercancías, personas y alimentos, lo que en definitiva aumentaría el costo de la vida.

El principio que norma la política económica, según el Ejecutivo, es de no afectar a los más pobres y mantener los programas sociales. Por ello se analiza el subsidio al diésel que usan los industriales, específicamente los grandes pescadores y las camaroneras.

Estos sectores ya han expresado su protesta. Aseguran que un alza de los combustibles los perjudicará y destacan las fuentes de trabajo que dan, las cuales estarían en peligro. Hablan de que la eventual medida les restará competitividad, pero esta visión constituye un error de fondo.

La competitividad no se puede basar en subsidios, peor cuando se trata de exportaciones porque abaratar el producto gracias a estos beneficios es una práctica que se conoce como dumping o competencia desleal, lo cual es penalizado por la Organización Mundial de Comercio y muy vigilado por Estados Unidos, el principal socio de Ecuador.

Lo que el Estado debe hacer para mejorar las condiciones de competitividad de la industria es dotar de infraestructura (vías, puertos, aeropuertos, redes eléctricas), reducir trámites e impuestos. Y eso ya se hizo o se está haciendo.

Los subsidios son beneficios financiados por todos los ecuatorianos a través de impuestos, por lo que deben ir a los más necesitados. De allí la necesidad de focalización, que ahora se discute.

Ecuador demanda una clase empresarial responsable, más aún en momentos de dificultad. Si se avanza hacia un modelo donde el sector privado tenga mayor protagonismo, entonces hay que mejorar la competitividad y aprovechar las condiciones que ha planteado el Gobierno. El diálogo está planteado y es importante que cada sector exponga sus necesidades. (O)