La firma del convenio interinstitucional “Por un Ecuador honesto”, auspiciado por la Secretaría Anticorrupción y que permitirá capacitar a los funcionarios públicos para detectar y evitar acciones en el Estado reñidas con la ley es, sin duda, un avance en el combate al problema de la corrupción.

Los dineros públicos, por ser recursos que nos pertenecen a todos y cuyo objetivo es atender necesidades colectivas, deben ser manejados de manera absolutamente escrupulosa.

Y en su supervisión deben intervenir no solo entidades como la Contraloría General del Estado, sino quienes ejecutan o son responsables de obras y procesos que se realizan en los diferentes niveles de Gobierno.

Sin embargo, el descubrimiento de redes como la revelada el 21 de octubre en el interior de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y que se dedicaba a la tramitación clandestina de licencias de conducir es una muestra de que la tentación por obtener ganancias fáciles permea a los integrantes de diversos estratos de las entidades del Estado.

La emisión irregular de permisos de conducción requiere de la participación de actores ubicados en distintos lugares y momentos del proceso para que el ilícito pueda hacerse efectivo.

Sin embargo, quien paga a un tramitador o a un funcionario público para obtener un permiso sin cumplir con los requisitos o realizar un trámite sin ajustarse a los procedimientos debidos es protagonista, también, de un acto de corrupción.

Y en ámbitos paralelos, la persona que no respeta los límites de velocidad, quien no cruza las vías por pasos peatonales o zonas cebra, el estudiante que aprueba un examen o una materia copiando o haciendo trampa de algún tipo también incurren en prácticas que pueden considerarse corruptas.

Por ello es necesario que el respeto a las normas se ejecute desde las acciones más sencillas y la lucha a la corrupción sea una tarea de todos. (O)