Un sector de los transportistas demanda un incremento de los pasajes interprovinciales. Sus pedidos se han frenado, o por lo menos han tenido menos impacto noticioso, tras los graves accidentes de tránsito ocurridos en el último feriado. Para el ciudadano común un posible incremento sin cambiar y mejorar el servicio no tiene ningún sentido.

Es cierto: desde el año 2003 no se han subido las tarifas, pero también es cierto que desde hace cinco años las cooperativas y los choferes han recibido beneficios desde el Gobierno para que no pese en sus ingresos el congelamiento tarifario. Y bajo este argumento los choferes dicen que deben transportar más gente para recuperar sus gastos. Eso, aunque parezca lógico, nunca podrá hacerse en detrimento de la seguridad de los usuarios. Ejemplos sobran.

Por lo pronto, con el invierno sería imposible pensar en un incremento, sobre todo ahora, ya que  hay poblaciones afectadas que ni siquiera tienen cómo salir, y menos podrían hacerlo con una elevación de las tarifas. Debe haber absoluta solidaridad y comprensión.

Y, de haber incremento, deberían considerarse dos factores: la calidad del servicio y tarifas diferenciadas que no afecten a los usuarios. O sea: mientras las cooperativas no garanticen ni prueben que están en condiciones de servir con absoluta calidad, seguridad y amabilidad no tienen por qué recibir incremento alguno. Y eso las autoridades lo deben regular. Pero también es cierto que, para determinadas distancias, con la condición anterior, se puede acceder a un incremento regulado que no implique una afectación grave para el usuario.

De hecho, el sistema de transporte, en general, requiere  una revisión profunda, mucho más técnica, para considerar las bases de un proceso de ordenamiento y hasta de control para que se convierta en poco tiempo en un moderno servicio público y terminar con el lamentable y eterno “acarreo de gente”.