#CeroImpunidad para los casos de corrupción en el país

#AEcuadorLoSacamosTodos. El miércoles, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio el ejemplo. Ella denunció una posible compra con sobreprecios en el Hospital de la Policía e informó de inmediato a la Fiscalía y esta ordenó el allanamiento y detenciones en ese centro de salud. El caso que encendió la alarma ocurrió el 28 de marzo, cuando autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reconocieron que estuvo cerca de adjudicarse un contrato para comprar mascarillas y enfrentar la emergencia sanitaria, en el hospital Los Ceibos de Guayaquil. Cada mascarilla, que otras entidades compran por $ 3, costaba $ 12, sin embargo, el proceso se interrumpió antes del pago de $ 1,5 millones. Pero al menos hay 10 hospitales que están bajo la lupa por contratos irregulares de mascarillas, fundas para recoger cadáveres y otros insumos médicos. Hay cuatro entidades que investigan los casos: la Fiscalía, la Contraloría General del Estado, la Secretaría Anticorrupción y la Asamblea llevan adelante procesos investigativos. La Contraloría inició exámenes especiales a cinco hospitales públicos para auditar las compras que hicieron durante la emergencia sanitaria. Entre ellos está el Eugenio Espejo, allí se auditan dos adquisiciones de equipos para robótica y cirugía laparoscópica, por $ 5 millones. El gerente de ese centro de salud, Pablo Izquierdo, fue removido de su cargo este 1 de mayo, según confirmó el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien dijo que no podía dar más detalles porque hay una investigación de la Fiscalía en ese hospital. También en el hospital Baca Ortiz, que tiene 27 contratos de medicinas e insumos durante la pandemia. Además, el hospital Enrique Garcés, ubicado en el sur de Quito, es investigado. En Tulcán se examinan los procesos en el hospital Luis Dávila, con 20 procedimientos de compra. Ayer, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, envió una carta al presidente Lenín Moreno para pedir que la Secretaría Anticorrupción no interfiera en las investigaciones. Según la Fiscal, esa secretaría solicita información y requerimientos a los fiscales a cargo de esas investigaciones y los publica en las redes sociales. Eso alerta a los sospechosos, eleva el riesgo de fuga y destruye la evidencia, dice la misiva. (O)