Puede ser coincidencia, pero en un solo día la prensa nacional titulaba “Dos concejales y seis funcionarios municipales detenidos para investigaciones”, “Corte ordenó prisión preventiva para tres jueces”, “Policía dice que escolta del Presidente traficaba droga a gran escala”. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? sería la pregunta que viene a continuación y que demanda de un análisis que no cabe en pocas líneas de un periódico o en minutos en la televisión.

Recordemos que, el 4 de febrero pasado, el país acudió a las urnas para responder siete preguntas, una de las cuales, la número 1, hablaba de la “muerte civil” para los casos de funcionarios o políticos que sean acusados de corrupción o de cometer peculado con los fondos del Estado. Era contundente contra quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Esa pregunta, que fue aprobada por el 73% de los votos, contra 26%, se suponía que iba a causar temor, pero solo en el caso de los concejales y funcionarios municipales detenidos por orden de la Fiscalía se trataría de un delito de asociación ilícita por un monto de $ 80 millones. En el caso del escolta del Presidente de la República, el acusado traficaba droga a gran escala, de acuerdo con las primeras indagaciones en las que se acusa también a otras 21 personas que intermediaban, compraban, transportaban y comercializaban drogas en populosos barrios de Guayaquil. Y en el tercer ejemplo, que resulta paradójico, se ordena la detención de tres jueces por presunto prevaricato en un fallo a favor de la esposa de un peligroso narcotraficante.

En los tres casos mencionados la Fiscalía ha actuado con rapidez y eficiencia, eso es muy positivo para una sociedad que acudió masivamente a votar para que la corrupción sea desterrada en todos los niveles. Después de las gestiones indagatorias y de las pruebas presentadas, ahora le toca actuar a la justicia, que debe decidir conforme a derecho y sancionar a los culpables. (O)