Esta semana se reinició el juicio del caso Sobornos. El proceso determinará el futuro de 11 funcionarios del Gobierno anterior y 10 empresarios, acusados de hacer aportes ilegales para las campañas de Alianza PAIS, a cambio de asegurar contratos. Hasta el viernes presentaron sus alegatos la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, que actúa como acusador particular.

El reinicio del proceso ocurrió luego de que un tribunal desechara la recusación presentada por la defensa del expresidente Rafael C., en contra de los magistrados Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, a quienes impugnó su competencia para llevar la causa.

No es la primera ocasión en la que integrantes del régimen anterior intentan dilatar juicios establecidos en su contra a través de distintos argumentos jurídicos. Está claro que la recusación, al igual que otros procedimientos similares, son parte de la doctrina jurídica y están contemplados en la ley ecuatoriana. Sin embargo, resulta paradójico que quienes se referían a este tipo de acciones como argucias para alargar innecesariamente los juicios –incluso aseguraron que habían reorganizado el sistema jurídico nacional para que los trámites fueran expeditos–, hoy recurran a ellas sin ningún rubor.

Aquello resulta tan paradójico como que, mientras fueron gobierno, rechazaran durante 10 años los pronunciamientos en su contra del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) y también se manifestaran a favor de eliminar el organismo, pero en la actualidad acuden a esa organización sin miramientos cuando tienen que enfrentar a la justicia.

O que aquellos que aseguraban actuar en favor del pueblo se hayan beneficiado directamente de recursos públicos, en unos casos, o hayan permitido, en otros, que funcionarios o empresarios se aprovecharan de dineros del Estado, perjudicando así a todos los ecuatorianos.

Lo dicho resume que, durante una década, el correísmo predicó una cosa, pero hizo otra. (O)