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El Telégrafo

La burocracia debe ayudar y no complicar a los usuarios

30 de agosto de 2018 - 00:00

A pesar de que puede sonar peyorativo, la Academia de la Lengua define burocracia como una organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. La segunda acepción señala que es el conjunto de los servidores públicos.

Como se puede apreciar, el vocablo no tiene nada de negativo, sin embargo, está en el imaginario de muchos la idea de que la burocracia y el burócrata fueron inventados para complicar la vida de los usuarios que acuden a efectuar un trámite que, por lo general, se hace en el sector público.

Con el avance tecnológico, mucha tramitología se puede hacer en línea, siguiendo todos los pasos. Las facturas, por ejemplo, se reciben vía correo electrónico y con eso se evita el uso de papel. Comprar pasajes, reservar una fecha, adquirir un boleto para el cine, etc. Todo esto, hasta hace una década, se hacía personalmente, pero en la actualidad es muy fácil realizarlo frente a un computador.

El Gobierno Nacional anunció hace pocos días su disposición a simplificar los trámites, algo que comenzó con una acción muy sencilla, como el hecho de no exigir más las fotocopias de la cédula y del certificado de votación cada vez que se acude a una acción administrativa.

¿Cuál es nuestra realidad en materia de complicación de trámites si nos comparamos con otros países? En un documento oficial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ubica a Ecuador con un promedio de 4,2 horas de tiempo para efectuar un trámite administrativo. Para tener claro si eso es mucho o poco es necesario mencionar que Bolivia se toma por la misma causa 11,3 horas y Perú 8,6 horas. En el otro extremo, como países con menor tiempo en los trámites figuran Chile, Costa Rica y El Salvador.

En la era tecnológica, que se supone facilita los trámites, Ecuador muestra que solo el 6% lo hace por esa vía. Argentina y Perú están arriba, con 12% de papeleos a través de medios digitales. A esto es hacia donde debe apuntar la función pública: disminuir las horas dedicadas a los trámites. (O)

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