El ministro de Agricultura, Rubén Flores, aseguró ayer que la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) tiene los recursos y la infraestructura para comprar la cosecha de invierno del arroz. Si el anuncio se cumple, la crisis que ha golpeado a los productores desde hace meses ya tendría una solución.

La gramínea es uno de los productos básicos en la dieta de las ecuatorianos. Se consume todos los días, como el pan o el plátano.

El control de inundaciones y la tecnología han permitido un aumento de la producción, sin embargo, el mercado nacional está saturado, lo cual ha desplomado el precio de la gramínea; y eso pone en riesgo la subsistencia de los agricultores. El costo oficial de la saca es de $ 33, pero las piladoras pagan $ 15. A eso se añade que el cultivo de este producto es preponderante en la cuenca del río Guayas, considerada el granero de la región.

La empresa pública UNA tenía sus silos copados y enfrentaba problemas financieros para continuar con la compra; aquello obligó a los arroceros a buscar compradores privados. Por eso el anuncio del ministro Flores pondría fin a este conflicto del campo.

Además, ya se han reforzado las fronteras para evitar el contrabando, pero resta negociar con los países vecinos, que sí necesitan de arroz. Es necesario exportar a Colombia, Perú y Venezuela, y también resolver los problemas económicos de la UNA, porque la protección de los arroceros es un asunto nacional. En su actividad radica la tan ansiada soberanía alimentaria.

Sin embargo, las medidas de hecho no conducen a ninguna parte. Cerrar carreteras es censurable desde cualquier punto de vista, aparte de que las leyes lo prohíben y las autoridades están obligadas a garantizar la libre circulación en el territorio nacional. El diálogo debe primar y arrojar resultados para evitar protestas que afectan a los mismos campesinos de Guayas, que se movilizan a través de las vías. Es necesario establecer una hoja de ruta para superar un problema. Y parece que el camino ya está trazado. (O)