La palabra de un líder político no va a cambiar el curso ni el rumbo que toma un país o un pueblo, pero es significativa en un contexto histórico, especialmente en materia de derechos humanos. Ocurrió durante los meses de silencio del papa Francisco respecto de la crisis humanitaria de Venezuela, hasta que expresó su preocupación por la falta de libertad y los atropellos a los derechos humanos.

La otra intervención, tan esperada por la comunidad internacional y especialmente por millones de venezolanos, al fin llegó; y era necesaria para quienes sufren todos los días por la falta de alimentos, de luz y agua, y por los que creen que la violación a los derechos humanos no tiene ideología, que puede ser practicada por un tirano de izquierda o de derecha.

La alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al fin habló en Ginebra sobre la crisis de Venezuela. “Estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente por la criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia en Venezuela”.

Palabras que tienen un contenido profundo, porque significa que la postura ideológica de la expresidenta chilena es menos importante que su visión actual sobre la crisis que registra más de 200 muertos en manos de paramilitares que respaldan a Nicolás Maduro y que ha generado la peor diáspora de América Latina, con más de tres millones de exiliados por todo el mundo.

Durante su comparecencia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Bachelet reveló que, en el contexto de la última oleada de protestas, su oficina documentó “numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, incluidos el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos bajo custodia e intimidaciones”.

Y también advirtió que las recientes sanciones de EE.UU. a las transferencias financieras vinculadas a la venta de petróleo de ese país pueden agravar la crisis. (O)