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El Telégrafo

El asesinato de Gavis Moreno no puede quedar impune

01 de abril de 2018

La Directora de la Cárcel de Mujeres de Guayaquil fue asesinada la tarde del martes mientras se dirigía a su casa en la Isla Trinitaria, una populosa zona del puerto principal. La funcionaria viajaba en un vehículo cuando dos motociclistas se detuvieron junto a ella y le dispararon. El chofer resultó herido pero sobrevivió, por lo que se convertirá en una pieza clave de la investigación; cuando deje el hospital, entrará al programa de protección de testigos.

La muerte de Gavis Moreno ha tenido un profundo impacto en la sociedad por el gran trabajo que ella cumplía. Lideró novedosas iniciativas para cumplir un objetivo que a veces parece una utopía: rehabilitar a las personas privadas de la libertad. Con su ímpetu montó un salón de belleza en la cárcel para que las reas tengan un oficio cuando alcancen la libertad y animó a un grupo de detenidas para que lancen su propio trabajo musical. ‘Las faraonas’ se llamaron y el lanzamiento del CD llamó la atención del trabajo que cumplía Gavis.

Por esos esfuerzos las internas la consideraban como una madre; su oficina, siempre de puertas abiertas, era de un ambiente familiar. Todo ello permitió un ambiente sano en la cárcel. Ese es su legado y hay que cuidarlo.

En el funeral la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, contó que Gavis solo la llamaba para proponerle una nueva idea que logre la tan ansiada rehabilitación. Es importante que esa actitud se mantenga, que las detenidas continúen con los programas. Ellas y las autoridades se lo deben a Gavis.

Pero también hay otra importante tarea: el crimen no debe quedar impune. Ojalá que las indagaciones avancen rápidamente para que los autores materiales e intelectuales estén bajo las rejas y el país conozca qué exactamente pasó.

Los directores de la cárcel están expuestos a amenazas por la naturaleza de su trabajo. Es fundamental que siempre denuncien cualquier anomalía que ponga en riesgo su integridad física. Y las autoridades tienen la obligación de dar la protección necesaria para que estos funcionarios estén a salvo. (O) 

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