Para este lunes 14 de septiembre la Asamblea Nacional tiene previsto reunirse en sesión. La finalidad: proceder a la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y Control Político, como fue la decisión que tomaron los legisladores días atrás, en una resolución aprobada por mayoría de votos.

La decisión trajo de inmediato las reacciones de índole jurídica sobre la viabilidad o no de la resolución. Unos sostienen que la decisión es válida, pues hecha la consulta a la Procuraduría General del Estado, la respuesta no tiene el carácter de vinculante y obligatoria.

Sin embargo, el máximo organismo que vela por la juridicidad de las actuaciones constitucionales y legales se pronunció y ratificó en su decisión, previa consulta que le hiciera el titular del poder Legislativo: sí tienen ese carácter obligatorio cumplimiento. Por ende, resolvió que no procede la reestructuración de la mesa legislativa.

Siendo la Procuraduría, la institución que vela por la juridicidad de las actuaciones de los poderes del Estado y que, según la ley de la misma institución, sus pronunciamientos tienen el carácter de vinculante, se concluye que una eventual reestructuración de la mesa legislativa no procede.

Más allá de que si las decisiones del órgano legislativo sean de índole político o no, lo que prevalece es la juridicidad. Si la Procuraduría se ratifica en su pronunciamiento entonces la Asamblea Nacional no podría proceder a la reestructuración.

En ese sentido, lo que cabe en este dilema que tiene enfrente el órgano legislativo, es allanarse a lo que establecen las leyes y al pronunciamiento que señala la Procuraduría. De lo contrario tendrá que afrontar un camino sinuoso al impulsar una acción que, a criterio de expertos, tiene más tintes políticos que legales.