La Asamblea requiere una investigación urgente

- 07 de septiembre de 2018 - 00:00

Un escándalo de corrupción ha estallado en la Asamblea Nacional. Se trata de los supuestos “diezmos” o “peajes” que los legisladores cobran a sus asesores a cambio de mantenerlos en el puesto de trabajo. Hay al menos dos exfuncionarios que han roto el silencio y han dado la cara; además de otra decena de testimonios, cuyos autores prefieren mantener el anonimato por temor a represalias.

Según estas narraciones, los pagos son de todo tipo. Hay casos de depósitos directos en la cuenta de los parlamentarios, otros exigen que les cubran las donaciones a los partidos políticos en los que militan, incluso llegan al extremo de cancelar las cuentas de cenas, supermercados o la cuota del nuevo automóvil. Los afectados definen estas prácticas como extorsiones porque, si no obedecen, se quedan sin empleo. Algo muy fácil de ocurrir si se tiene en cuenta que son de libre remoción.

Las denuncias son muy graves porque alcanzan a los representantes de los ecuatorianos, que -entre otras tareas- tienen la obligación de fiscalizar, de velar por el correcto cumplimiento de las leyes y combatir la corrupción.

Si se comprueban estos hechos, se demostrará que uno de los principales sistemas del régimen democrático para proteger los recursos públicos está roto. De allí la importancia de emprender acciones cuanto antes.

Urge una amplia investigación, no solo a los actuales legisladores, sino también a los del pasado, incluso aquella etapa que la historia llama “partidocracia”. De hecho, muchos parlamentarios provienen de esos años.

A nivel internacional, los congresos suelen granjearse el repudio ciudadano, y Ecuador no ha sido la excepción. Este escándalo abona a ese desprestigio, pero que sea un escenario común no significa que sea aceptable.

La corrupción no puede normalizarse. La presidenta de la Asamblea enfrenta un reto: ubicar a los corruptos y sancionarlos. Solo así la Función Legislativa de Ecuador podrá recobrar la confianza ciudadana que tanto necesita para cumplir a cabalidad las obligaciones que le asigna la Constitución. (O)