La reunión de cancilleres de Guayaquil marca un hito trascendente en la convivencia continental: sin tutelajes ni hegemonías imperiales los países de América pueden al fin reunirse para definir sus destinos, en particular sobre lo que hacen y deben hacer las instituciones como la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Los cancilleres reunidos en Ecuador escucharon al mandatario Rafael Correa sobre aspectos medulares:  que se acojan los acuerdos alcanzados como son el cambio de sede de Washington a un país parte del Pacto de San José, que las relatorías tengan igual consideración y no solo la de libertad de expresión, que se revise el financiamiento, que los miembros de la CIDH sean de los Estados firmantes, entre otras reformas fundamentales para garantizar la protección, promoción y equidad en la defensa de los derechos humanos.

El camino está trazado y constituye un avance histórico, a pesar de que la SIP, la prensa privada ecuatoriana y los “legos” de los derechos humanos consideren un retroceso el conjunto de reformas. De hecho, el tema de las medidas cautelares está en el tapete porque constituye una clara violación al mismo organismo como a la norma que lo regula. Incluso, es antiético que determinados gobiernos exijan medidas cautelares cuando ellos ni siquiera han firmado los acuerdos que supuestamente lo sustentan. ¿Si, por ejemplo, EE.UU. firma, qué harían la OEA y la CIDH con lo que ocurre en la base de Guantánamo y el bloqueo económico a Cuba (que ha sido denunciado y rechazado por más de cien países en las Naciones Unidas) y que constituyen violaciones monumentales a los derechos humanos?

El próximo 22 de marzo la OEA abordará lo discutido y señalado por los cancilleres reunidos en Guayaquil el lunes último. Ahí se juega su futuro porque de no aprobar lo que proponen los países y si se quiere imponer la voluntad de EE.UU. y sus acólitos, otros serán los derroteros para los verdaderos países soberanos de este continente.