Ninguna persona, ninguna empresa, ningún país, estaba preparado para enfrentar la pandemia del covid-19 ni todos sus efectos en el corto y largo plazo. A todo el mundo lo tomó desprevenido, pero a unos mejor equipados que a otros.

Este equipamiento no lo armaron de un día para el otro, sino es el resultado de decisiones pasadas que dieron un orden a sus recursos. Por ejemplo, familias que siguieron la regla de oro de ahorrar el 10% de sus ingresos, empresas que guardaron dinero para emergencias y gobiernos que aprovecharon épocas de bonanza para ahorrar y que en general, cuidaron sus finanzas públicas en todo sentido.

El tercer punto no aplica a Ecuador. Hasta 2006, el país tenía una política de ahorro, se veía cierto equilibrio en las finanzas públicas y la deuda pública oscilaba alrededor de los $ 14.000 millones.

Sí, había muchas políticas económicas que corregir, brechas que cerrar y necesidades apremiantes que atender. Con este “pretexto” y con la premisa de que “el mejor ahorro es la inversión”, el gasto corriente del anterior gobierno creció del 17,1% al 30,5% del PIB entre 2006 y 2018 (uno de los más altos en la región); la deuda pública se incrementó a $ 46.535 millones en 2017, y se eliminaron los ahorros.

El problema es el resultado de esa decisión: obras públicas con sobreprecios y casos de corrupción, contratos de deuda con irregularidades y escaso acceso a financiamiento internacional. Eso se traduce en millonarias pérdidas.

Este desordenado manejo de las finanzas públicas debilita las fuentes de recursos que Ecuador necesita para enfrentar la crisis actual.

¿Por qué no podemos ser cómo Perú? Una fuerte crisis en los 90 bastó para que gobierno tras gobierno mantengan una disciplina fiscal. Este país no se libra de conflictos políticos, casos de corrupción o problemas sociales, pero el manejo fiscal es tan fuerte que ahora es uno de los países con más recursos para afrontar la emergencia sanitaria. (O)