El reto es mucho más complicado de lo que parece y amerita una reflexión. La  civilización cristiana de Occidente tuvo en la Revolución Francesa (1789-1799)  el factor que determinó el final del absolutismo monárquico y, además, una  nueva forma de conciliar los intereses de la  burguesía   con un modelo económico liberal de defensa de la propiedad privada.

El nuevo Estado, constituido bajo los preceptos de ciudadanía, igualdad y libertad, eliminó el derecho divino de los reyes, y los de las élites compuestas por la Iglesia y la nobleza. Estos desajustes fueron corregidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789. Desde entonces, quien es elegido para representar al Estado tiene la autoridad y la potestad de colegislar y ejecutar políticas que beneficien a la sociedad, bajo el imperio de la ley y el respeto a la división de poderes.

Luego de la fundación de la República de Ecuador, en 1830, todos los gobernantes nacidos en las entrañas del poder criollo privilegiaron sus intereses sobre los del pueblo llano, y tuvieron una  actitud sumisa y obediente ante el poder imperial  con el que pactó una deuda infame que nos obligó a pagar a los de abajo, mientras los de arriba acumulaban más riqueza y poder. Hasta que llegó un gobierno de manos limpias y principios claros sobre soberanía, armado del coraje para poner  freno a la dependencia y al represamiento de recursos propios en el extranjero, mientras las necesidades insatisfechas de la población marcaban  porcentajes altos de pobreza y miseria en Latinoamérica.

En casi cinco años de la Revolución Ciudadana, la calidad de la  inversión en salud, vialidad, educación, vivienda, tecnología de la información y seguridad social registra  cifras históricas y resultados consecuentes con la filosofía del buen vivir.

Y queda mucho por hacer. Los  recursos descritos en la  pro forma presupuestaria permitirán cristalizar todas las aspiraciones postergadas, a pesar de los comentarios maliciosos de los medios privados de comunicación, para los cuales la cifra  estimada de $  20.000 millones  es  demencial, ante los $ 10.000 millones  de hace más de 5 años, cuyo 50% servía para pagar los tramos de la deuda externa y beneficiar a los tenedores nacionales.