Luego de cinco  horas de diálogo en las instalaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE),  centro de Guayaquil, delegados del Gobierno Nacional y dirigentes de la  transportación urbana  acordaron mantener en vigencia el  valor actual de los pasajes.

La medida no solamente   impidió  la paralización del gremio;  demostró, además, que la apertura de los canales de diálogo en una sociedad democrática permite debatir  con altura  puntos conflictivos que, en el mejor de los casos, tienen solución. El clima de tensión que se percibía en horas de la tarde, mientras deliberaban a puerta cerrada, bajó  pasadas las 20:00,  cuando María de los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obras Públicas (MTOP), informó a los medios de comunicación que las tarifas se mantendrán en veinticinco centavos  y que    la paralización  quedaba descartada.

Era evidente que la cita fue polémica, complicada, muy tensa, pero sobre todo,  con  predisposición para encontrar soluciones,  algo que fue rescatado por la secretaria de Estado  en la rueda de prensa, al margen de  la apertura  al diálogo en el que no tienen cabida las viejas  prácticas de chantaje y presión.

Los puntos que compensan el encarecimiento  de los repuestos y la devolución en dinero efectivo por el subsidio de los pasajes asumido por los propietarios de las unidades, no merecen más comentarios.  Lo que sí amerita un reconocimiento particular es la presencia de una  nueva generación de dirigentes que privilegia al debate como eje fundamental de sus demandas.

El consenso del gremio con el Ejecutivo constituye un hito histórico en un país devastado por la vieja práctica política de la amenaza y la extorsión. Alberto Arias, presidente de la Federación Nacional de Transportistas Urbanos, es el legítimo representante  de  esta nueva era, en la  que es preferible agotar las instancias del diálogo para salvar los intereses comunes, sin perjudicar a la ciudadanía.