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El Telégrafo

13 millones de ecuatorianos irán a las urnas el 4 de febrero

07 de diciembre de 2017 - 00:00

Las elecciones son la máxima expresión democrática que se manifiesta en las urnas y a través de la cual se puede cambiar el rumbo de la historia. El voto universal y secreto es una de las mayores conquistas logradas por la humanidad, y nuestro país así lo ha expresado en cada ocasión que ha sido convocado.

Hoy estamos frente a un nuevo proceso electoral que se debe efectuar el 4 de febrero, cuando un total de 13’026.598 ciudadanos(as) acudirán a las urnas para votar por la consulta popular que plantea siete preguntas. En su más reciente mensaje a la nación, el presidente Lenín Moreno recordó que esperó 58 días la respuesta de la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el contenido de las preguntas.

Como el plazo venció, su gobierno decidió enviar el documento al Consejo Nacional Electoral (CNE). Mediante dos decretos, el Presidente de la República dejó en manos de la Función Electoral el proceso que finalizará el 4 de febrero. “Es nuestro deber velar por el primer y más importante derecho político de cada ciudadano, que es expresar con el voto su opinión sobre el país que queremos”. En esta ocasión la cifra de electores creció en 209.900 respecto de los pasados comicios del 19 de febrero y del 2 de abril de este año. Del total del padrón, el 51% son mujeres y el 49%, hombres. Un total de 395.178 ciudadanos votan en el extranjero y 783 personas se beneficiarán con la posibilidad de sufragar desde su domicilio.

La primera pregunta plantea sanciones a las personas condenadas por actos de corrupción, que incluye inhabilitarlo para ser candidato; la segunda tiene que ver con la reelección indefinida; la tercera con la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; la cuarta para que no prescriban los delitos sexuales contra la niñez y la adolescencia; la quinta para que no se permita la minería metálica en áreas protegidas; la sexta se relaciona con la Ley de Plusvalía y la séptima para autorizar la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. (O)

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