La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibió del secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que durante una década se convirtió en una herramienta de hostigamiento y persecución a los periodistas y a la libertad de expresión, un concepto ligado directamente a los derechos humanos y al ejercicio de la democracia plena.

Se trata de un punto de quiebre con el pasado reciente y fue una de las promesas planteadas por el Presidente de la República cuando asumió sus funciones. Entre las novedades del proyecto de ley figura la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, más conocida como Supercom, un organismo que se prestó para el acoso sistemático mediante sanciones a los medios, a los periodistas y a los caricaturistas que mantenían una postura crítica con el discurso oficial.

Michelena asegura que se establecerá una política de apertura y diálogo con los medios de comunicación. La propuesta fortalece la institucionalidad mediante la ampliación de las funciones del Cordicom y de la Defensoría del Pueblo. La idea es mantener los derechos básicos que garantizan la libertad de expresión, por ejemplo, la prohibición de la censura previa, los derechos a la rectificación y réplica, así como la regulación de contenidos discriminatorios, la clasificación de audiencias y franjas horarias. En el proyecto consta la creación de un Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la reclasificación de los medios públicos en Medios Públicos al Servicio Institucional y Medios Públicos al Servicio de los Ciudadanos.

Hay que recordar que, en el pasado, la asignación de frecuencias era lo más parecido a un pago de favores políticos. El proyecto es categórico, pues garantiza la organización de concursos abiertos y transparentes para que se otorguen las frecuencias a los medios privados y a los comunitarios. Algo muy importante también es la asignación directa de frecuencias para todas las nacionalidades indígenas. (O)