Se han dado grandes pasos en los últimos años para mejorar la distribución de la renta. Con salarios más altos y una inflación baja, los ecuatorianos recuperaron su capacidad adquisitiva. A ello se suman las transferencias monetarias a los más pobres, que por mucho tiempo sirvieron para asegurar el consumo mínimo en los hogares. Todo ello contribuyó en gran medida a reducir la desigualdad. Una vez que se lograron resultados básicos en el tema de ingresos, ahora las autoridades se enfocarán en el tema de la riqueza.

El Banco Central puso en marcha un nuevo método para calcular el producto interno bruto (PIB) que permitirá conocer cómo se reparte entre la población la riqueza que se genera en el Ecuador cada año, cómo esta se distribuye en salarios, en ingreso del capital, cuál es la realidad del reparto de beneficios antes de que la acción gubernamental redirija recursos mediante las políticas de redistribución y el impuesto a la renta.
En una frase la nueva metodología permitirá entender “quién se está llevando la riqueza que se genera en el país” como señaló la semana pasada el presidente del Banco Central, Diego Martínez, quien reveló que según los primeros datos “el 33% de los que trabajan (asalariados) se lleva el 33% de la riqueza ... (y) el 5% de los patronos o dueños de capital se lleva el 33%” de ella. Es decir, en el pastel de la riqueza, mucho sigue en pocas manos.


Solo con información clara, precisa y desagregada será posible diseñar políticas públicas que contribuyan a mejorar la distribución de la riqueza. Ahí están pendientes todavía reformas profundas en materia de tierras y de agua para que se reduzca la concentración de esos recursos. La semana pasada empezaron las discusiones para retomar el debate sobre una nueva Ley de Aguas (el tema estaba paralizado desde 2009), pero en lo que se refiere a la concentración de la tierra aún no se ha logrado la “revolución agraria” de la que se habló al inicio de la Revolución Ciudadana.

Mirando a largo plazo esos aspectos se vuelven cruciales a medida de que los recursos naturales se agotan y la codicia por ellos aumenta. Han pasado casi 5 años de que se redactó la Constitución de “avanzada” que tenemos, pero el tiempo acecha ante la necesidad de contar con esas leyes.