Punto de vista

Frente a la crisis y el terremoto, ¿dónde queda la erradicación de la pobreza?

- 17 de junio de 2016 - 00:00

@andresmideros

Desde 2015, la crisis económica global afecta de manera particular a Ecuador. La caída del precio del petróleo reduce los ingresos fiscales y agrava problemas de liquidez que responden a condiciones estructurales de debilidad de balanza de balanza de pagos. Por su parte, la dolarización limita las respuestas de política monetaria frente a la devaluación de otras monedas. En ese contexto se reduce la actividad económica y caen el empleo, el ingreso y el consumo de los hogares.

En las previsiones existían riesgos de erupción del Cotopaxi y de impactos severos de El Niño. No fue así; pero el terremoto que tuvo como principal afectación lo social, generó impactos que se reflejan en pérdidas económicas y daños costeados en alrededor de $ 3.440. No es casualidad que los desastres naturales afecten a zonas de mayor concentración de pobreza. La pobreza es multidimensional. Sin embargo, un objetivo mínimo es la erradicación de la pobreza extrema por ingresos. Aquella que indica que una persona no puede adquirir una canasta vital de alimentos ($ 1,57 al día; $ 47,22 al mes).

Ecuador se planteó, como imperativo moral, erradicar esa pobreza hasta 2017. Es el primer paso de cualquier régimen de bienestar que entiende la necesidad de desmercantilizar el bienestar y el trabajo, que comprende que los derechos (la vida digna, la igualdad de oportunidades) se debe garantizar vinculados a la ciudadanía y no por el éxito o fracaso en la economía de mercado. En Europa se entendió esto después de dos guerras mundiales, y en medio de la “guerra fría”. En Ecuador se lo estableció en la Constitución de Montecristi.

Ecuador venía en el camino correcto. El porcentaje de pobres extremos por ingreso frente a la población total se redujo de 16,45% en diciembre de 2007, a 7,65% en diciembre de 2014. En 2015 el cambio no fue estadísticamente significativo (8,45%). Este indicador depende del ingreso, es decir, del trabajo y de las transferencias monetarias.

Lo primero es lo sostenible, lo segundo es evitar que el mercado produzca miseria, al tiempo que se fomenta la inclusión solucionando “trampas de pobreza” relacionadas con factores como la enfermedad o la poca educación.

Ante la crisis económica y la emergencia por el sismo esta meta está en riesgo. La política pública debe defender el ingreso de los trabajadores; priorizar el empleo de la población pobre y vulnerable, mediante la preferencia de actores de las economías populares y solidarias para compras públicas y la reconstrucción; implementar proyectos públicos que empleen a población con vulnerabilidad económica, y damnificada por el terremoto, re-priorizando el gasto y la inversión pública y direccionando la privada; fortalecer los bonos de desarrollo y para damnificados, para garantizar el ingreso y fomentar la inclusión económica.

Crisis y emergencia traen costos, estos debe cubrirlos primero el capital, no los seres humanos; y después quienes mejores condiciones tienen. También hay oportunidades, para actuar en dos grandes limitaciones para erradicar la pobreza: la estructura económica y la solidaridad. Hay que retomar la idea de pleno empleo digno, evitar mayores concentraciones de medios de producción y de ventas, que podrían justificarse ante la crisis o la emergencia; apostar decididamente por economías populares y solidarias, por la agricultura familiar y campesina, con innovación inclusiva, democratizando el acceso a tierra, agua, crédito, tecnología, cadenas de comercialización. Es necesario preguntarse con qué relaciones económicas queremos reconstruir las zonas afectadas. (O)

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