Sobreprecios, una constante durante el Gobierno anterior
El gasto público durante el gobierno de Rafael Correa pasó de $ 8.627,4 millones en 2007 a $ 24.103 millones en 2016. Aunque gran parte de estos recursos se destinó a inversiones en infraestructura, diversas investigaciones ponen en duda la eficiencia de estos recursos.
De acuerdo con datos del Observatorio de la Política Fiscal, el gasto corriente se incrementó de $ 5.999 millones a $ 14.513 millones en esos años.
Dentro de estos rubros, uno de los que más subió fue el de sueldos. Cuando Correa asumió el poder se destinaban $ 2.913 millones a este rubro; pero en 2016 ascendió a $ 8.870 millones.
Adicionalmente, la compra de bienes y servicios casi se triplicó. Pasó de $ 537,4 millones a $ 1.934 millones.
A partir de 2009 este gasto no iba en concordancia con los ingresos del Estado. Desde entonces el país no logra superar el déficit fiscal.
Al incremento de la compra pública se suman los tipos de contratos ejecutados. Según un estudio realizado entre el Servicio Nacional de Contratación Pública y el Banco Mundial, entre 2013 y 2017 se abusó de la contratación bajo la figura de régimen especial.
Se calcula que $ 18.753 millones de compras públicas se realizaron sin concurso. En 2013 el 52% de las adquisiciones se realizó a través de un solo oferente y el 44% en 2017.
Existen varios proyectos más en los que se ha detectado sobreprecios, cuyas investigaciones continúan.
Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, reconoce que se incrementó la inversión en salud y educación. “Esto nunca podría ser reprochable”.
Sin embargo, cree que el gasto fue ineficiente cuando construyó escuelas del milenio con infraestructura que no es adecuada para ciertas zonas y en lugares en los que los niños debían caminar dos horas diarias para llegar.
Otro ejemplo de gasto ineficiente del anterior Gobierno, dice Gómez, es lo que se destinó para propaganda. Alrededor de $ 1.480 millones se ocuparon para este fin en 10 años. “Esto es el equivalente a construir 330 escuelas del milenio”.
Considera que también es una mala administración de recursos no eliminar las pensiones vitalicias y que alrededor de 300 funcionarios ganen más que el Presidente.
Gómez recordó que cuando vino la veeduría de la Organización de las Naciones Unidas a inicios del año pasado, ya detectaron $ 2.500 millones en sobreprecios en cinco obras de Correa, que en total costaron $ 4.900 millones.
Por ejemplo, en la Refinería del Pacífico, en Manabí, el sobreprecio fue del 23%. Mientras que el presupuesto inicial para el poliducto Pascuales Cuenca se triplicó, pasando de $ 250 millones a $ 623 millones.
El costo de la planta de gas de Bajo Alto, en El Oro, pasó de $ 36 millones a $ 76 millones. Y el de la Terminal Marítima Monteverde, en Santa Elena, pasó de $ 210 millones a $ 371 millones.
El quinto proyecto fue la Refinería de Esmeraldas. Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el costo del plan de rehabilitación tuvo un incremento de más de 1.348%.
Gómez asegura que la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia dijo que la corrupción le costó al país cerca de $ 70.000 millones.
Para comprender la magnitud de lo robado, Gómez destaca que el PIB del país es de $ 102.000 millones y el Presupuesto General del Estado es de $ 35.000 millones en promedio.
Los ejemplos no se detienen. La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) presentó ante la Fiscalía General del Estado 17 casos en contra del Gobierno anterior. Uno de ellos fue sobre el mal uso de los $ 3.500 millones para la reconstrucción de Manabí.
BID determinó gasto ineficiente en la región
El gasto público en América Latina y el Caribe revela enormes ineficiencias y malgasto que podrían llegar a costar hasta $ 220.000 millones al año, o el equivalente al 4,4% del PIB de la región. De acuerdo con el estudio “Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en septiembre de 2018, el gasto público consolidado en la región está en promedio en 29,7% del PIB, casi 6 puntos porcentuales más que a principios de los años 2000. Según el BID, esta ineficiencia se debe a la suma de excesos en las compras gubernamentales, incluyendo pérdidas por causa de la corrupción, junto a una abultada nómina salarial en el sector público y las transferencias que no llegan al sector indicado de la población.
El informe incluyó a Ecuador entre los países que más gastan en la región, junto a Argentina, Brasil, Trinidad y Tobago y Uruguay, con más del 35% del PIB. Parte del malgasto en el gasto público se relaciona con las ineficiencias técnicas: los gobiernos hacen las cosas adecuadas, pero de forma incorrecta, utilizando más recursos de los necesarios.
El BID asegura que a pesar de que es difícil medir el costo exacto de la corrupción, se estima que entre el 10% y 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público, puede perderse debido a la mala gestión y acciones ilícitas. (I)
