Las empresas privadas podrán invertir en las áreas de sectores estratégicos, provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 582, firmado el 18 de febrero de este año por el presidente Rafael Correa.

La inyección de recursos la podrán realizar, tanto en nuevos proyectos como en aquellos existentes que estén en ejecución. El Reglamento del Régimen de Colaboración Pública-Privada aún no está publicado en el Registro Oficial.

La normativa se sustenta en el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, que determina una delegación excepcional para que los proponentes privados puedan financiar proyectos cuando el Estado o sus instituciones no tengan la capacidad técnica, económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por las empresas públicas o mixtas.

Para Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, la iniciativa del Ejecutivo es positiva, pero tiene la impresión de que hay muchas zonas grises en cuanto a la instrumentación e implementación, como por ejemplo la presentación y definición de proyectos  de interés que puedan ser presentados por el sector privado, pero “al mismo tiempo el decreto determina que esto debería ir a un proceso de licitación, lo cual generaría dudas”.

“Tal como está el decreto, si bien la intención es saludable, loable, de pronto, desde el punto de vista de su implementación y ejecutividad genera dudas, razón por la cual debió ser discutido con el sector privado para asegurar que eso, más allá de la buena intención, no quede como letra muerta porque eso no está ni en el interés del Gobierno ni en del empresariado”, dijo Aspiazu.

El empresario informó que la próxima semana está previsto que los representantes del sector empresarial se reúnan con el presidente Rafael Correa, en donde se tratarán este y otros temas, como la situación macroeconómica del país y la forma como el sector puede de alguna manera contribuir para compensar la falta de capacidad de inversión y mantener el crecimiento de la economía.

Capacidad económica

Para el economista Jorge Rodríguez, la promulgación de esta iniciativa es una acción que todos los gobiernos deben tener. “Si el capital privado de riesgo quiere invertir en los sectores como electricidad, telecomunicaciones, vialidad, transporte, y si el sector público no tiene el dinero suficiente para hacerlo, es evidente que el sector privado puede participar bajo condiciones como establece el decreto”, subrayó.

Rodríguez descartó que con esto el Gobierno esté reconociendo que no tiene capacidad económica. “Hay proyectos nuevos que no se han considerado dentro de la planificación estatal, sobre los cuales los particulares pueden proponer al Estado participar para mejorar las condiciones del país. Si trabajan de manera conjunta, el sector público y el privado desarrollarán al país”.

Otras áreas de participación

El Decreto Ejecutivo 582 amplía la posibilidad para que el sector privado pueda financiar proyectos públicos, ya que anteriormente esta posibilidad solo se daba para el área de transporte.

El Ejecutivo argumenta que es necesario establecer las normas que  prevean a la asociación entre la entidad pública y las empresas privadas como modalidad de delegación excepcional de cualquier proyecto en las diferentes áreas de electricidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias y ferroviarias.

El Jefe de Estado derogó el Decreto Ejecutivo 810 del 19 de julio de 2011, que establecía el Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de Delegación de Servicios Públicos de Transporte.

Plan de inversiones para este año

El Programa Anual de Inversiones de 2015, que consta en el Presupuesto General del Estado (PGE), establece un monto de $ 8.116 millones, destinado a proyectos -sobre todo- rentables y sociales de los siguientes sectores: electricidad, $ 1.933.82 millones; transporte y obras públicas, $ 933.64 millones; salud pública, $ 870.43 millones; y educación, $ 780,06 millones.

El Ministerio de Finanzas procedió a recortar el PGE de este año en $ 1.420 millones, considerando la reducción del precio del crudo.

DATOS

El reglamento contempla 18 requisitos que los proponentes privados deberán cumplir para participar en los proyectos del sector público, sean nuevos o ya en ejecución.

Una vez que la iniciativa privada sea considerada de interés público, las entidades gubernamentales o empresas públicas  tienen un plazo de 180 días para realizar los estudios complementarios y las validaciones necesarias.

Las propuestas para ser consideradas de interés público deberán determinar el grado de contribución al cumplimiento de los instrumentos y planificación de la entidad pública; y el de participación y rol del Estado en la prestación del servicio.

El decreto deroga el Reglamento de Concesiones del Sector Vial, que estaba vigente desde el 2 de octubre de 2003.