“El mejor ahorro es la inversión”. Con esa conocida frase, el expresidente Rafael Correa justificó el utilizar los fondos de ahorro que tenía el país cuando él asumió el poder.

Pero no solo eso, sino el dejar de tener reservas que pudieran servir para emergencias económicas como la que el país vive actualmente por los impactos del covid-19 u otras anteriores.

A partir de la adopción de la dolarización, mediante reformas legales, la conocida Ley Trole entre ellas, se crearon distintos fondos de ahorro con recursos provenientes de los excedentes de la exportación petrolera. Entre el 2000 y 2006 se crearon el Fondo de Estabilización Petrolera (FEP), Cuenta Especial de Reactivación Productiva (Cereps), Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep) y Feiseh (Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energéticos e Hidrocarburíferos).

Los recursos de estos fondos se destinaban en diferentes porcentajes a proyectos productivos y recompra de deuda pública, proyectos de inversión, educación y cultura, reparación ambiental, entre otros.

Su conformación y distribución de los recursos son discutibles, pero la idea del fondo era ahorrar recursos en épocas de “vacas gordas” para atender contingencias en momentos de “vacas flacas”, sobre todo en una economía dependiente del precio de petróleo, explica el catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio Paredes.

El economista, quien también fue parte de la Asamblea Constituyente entre 2007 y 2008, recuerda que fue allí cuando se decidió eliminar los fondos de ahorro y pasarlos al Gobierno central.

En esos años se ve un aumento de recursos por alrededor de $ 3.000 millones en las cuentas del Gobierno. El justificativo de los asambleístas que defendían la propuesta, era que el Gobierno actuaría de forma responsable para usar esos recursos y que no había necesidad de tenerlos en cuentas aparte. “Pero evidentemente no fue así. Ese dinero entró a la chequera normal del Gobierno y se fue gastando”, manifiesta Lucio Paredes.

Recuerda, por ejemplo, que en el gobierno de Alfredo Palacio se creó un fondo para el sector hidroeléctrico, pero la administración sucesora “prácticamente desapareció, y el país tuvo que endeudarse para los proyectos hidroeléctricos cuando se pudieron usar esos fondos y contraer menos deuda”.

Según Paredes, si durante la administración del expresidente Rafael Correa se ahorraban 3% o $ 1.000 millones anuales considerando un presupuesto estatal promedio de $ 35.000 millones, los ahorros hubieran ascendido a $ 10.000 millones.

Esos recursos hubieran sido útiles para enfrentar recesiones causadas por la caída del precio del barril de petróleo, el terremoto de abril de 2016 y la actual emergencia sanitaria.

Ante el criterio de muchos defensores del Gobierno anterior de que esos recursos ahorrados se destinaron a programas sociales importantes, como de educación, salud, vialidad, entre otros, Lucio Paredes considera que aún así había margen para cortar gastos del sector público no prioritarios.

Además, los ingresos petroleros fueron altos, en 2012 el país percibió $ 12.935 millones, por ejemplo.

La política de invertir los ahorros en obras públicas es “inteligente”, siempre que las inversiones sean rentables, dice José Gabriel Castillo, director ejecutivo del Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol). El problema de las obras construidas en la anterior administración -continúa- son los sobrecostos y los indicios de corrupción “que en lugar de ser un ahorro, son pérdidas”.

Según sus cálculos, si continuaba la política de ahorro, el país hubiera acumulado cerca de $ 6.000 millones (6% del PIB) que podrían haberse destinado para mitigar los impactos de la emergencia actual y otras.

“La sociedad ecuatoriana tiene que entender que el Estado debe generar ahorros para emergencias. Es como un seguro, a nadie le gusta pagar, sobre todo cuando hay necesidades apremiantes, pero ahora vemos la necesidad de esos recursos”, reflexiona Castillo.

El proyecto de Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, en análisis en la Asamblea Nacional, plantea la creación de un Fondo de Estabilización. Este se nutrirá con los ingresos de la explotación y comercialización de recursos no renovables (incluye minerales) que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado (PGE).

Si bien la generación de ahorros no se verá en el corto plazo por el precio del barril del petróleo (el crudo WTI se ubicó en $ 12 este lunes) y la baja mundial de la demanda del commodity, Castillo considera que “es importante construir esta estructura para que una vez se retorne a las condiciones de nueva normalidad en la economía, podamos conseguir ahorros”.

Con el coincide Lucio Paredes y añade que los fondos de ahorro ayudan mucho a tener estabilidad y confianza para la inversión, porque significa que la economía esta respaldada para el futuro.

Ambos especialistas también acuerdan que ante la falta de ahorros del país, los ingresos económicos ahora dependen del financiamiento que se ha solicitado a otros gobiernos y organismos multilaterales. Además de la reducción del gasto público.

Castillo agrega que se debe revisar la política de importaciones para desincentivar el consumo de productos importados. (I)

La disciplina fiscal favorece a Perú
Son varios los países que a lo largo de su historia han creado fondos de ahorro para amortiguar las emergencias y ahora los utilizan para enfrentar la crisis sanitaria a causa de la pandemia del covid-19. Chile, por ejemplo, cuenta con el Fondo de Compensación del Cobre para acumular reservas cuando el precio internacional del mineral se eleva. Noruega también tiene un fondo soberano de los excedentes petroleros.

En esta emergencia sanitaria se ha destacado el Gobierno peruano que ha presentado uno de los planes más ambiciosos de América Latina , según destaca una nota de BBC Mundo. En un principio se anunció una inyección de más de $ 25.000 millones, el equivalente al 12% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Unas cifras muy superiores a las medidas de estímulo aprobadas ya por otros países de la región.

María Antonieta Alva, ministra de Economía y Finanzas de Perú, apunto que su “espalda fiscal” les permite tomar medidas audaces.

El país minero cuenta con un colchón de ahorros después de tres décadas de disciplina fiscal y escaso endeudamiento, lo que le concede también buenas líneas de crédito con organismos multilaterales.

Este lunes 27 de abril el diario oficial El Peruano informó que el país cuenta con una línea de crédito contingente por $ 1.800 millones del Banco Mundial (BM).

La directora de este organismo para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Marianne Fay, explicó que “el país no tiene una gran deuda con el BM, así que podría solicitar préstamos por montos significativos, de acuerdo con sus necesidades de financiamiento”.

Según la agencia Reuters, Perú tiene $ 68.044 millones de reservas en el Banco Central y una deuda pública del 27% del PIB, una de las más bajas de América Latina.

De acuerdo a la BBC, la hiperinflación en 1990, que alcanzó más de 7.000%, aún asusta a los peruanos. Y eso ha sido clave para que gobierno tras gobierno hayan mantenido una disciplina fiscal que es “rara en las economías de América Latina”.

“(A partir de 1990) Todos se dieron cuenta de que la estabilidad, el equilibrio fiscal, es algo inamovible, sagrado”, dice Jorge Chávez, que presidía el Banco Central durante el proceso de reestructuración y estabilización que comenzó en agosto de 1990.

A esa disciplina se sumó que Perú aprovechó la bonanza de la globalización económica. (I)