En dos semanas, aproximadamente, la Superintendencia de Compañías decidiría el futuro de las 3 empresas inmobiliarias aparentemente vinculadas en el caso Proinco, por presunta estafa masiva a más de 1.300 personas.

Así lo confirmó el intendente de Compañías de Quito, Camilo Valdiviezo, a EL TELÉGRAFO, señalando que se ha considerado a ese período como un “compás de espera” antes de resolver si se procede con la liquidación de las sociedades o si se les permite que continúen operando.

Valdiviezo anotó que actualmente las tres compañías (Marktradecorp S.A., Mingacorp S.A. y Encaisser S.A.) se encuentran activas. “No han entrado a un proceso de disolución y liquidación”, aclaró.

La decisión que adopte la Superintendencia dependerá de las medidas que emprendan los accionistas de las tres firmas para honrar las obligaciones adquiridas con sus clientes.

Si se concretan acuerdos consensuados entre los dueños de las inversiones y los directivos de las empresas, entonces es posible que no se proceda con la liquidación, toda vez que se verifique el alcance de dichos acuerdos dentro de la situación general de las compañías. Si sucede lo contrario, el organismo de control podría intervenir a través de un liquidador.

El Intendente mencionó que hasta el momento existe el ofrecimiento y predisposición de los accionistas para honrar sus obligaciones, muchas de las cuales estarían vencidas.

Por otra parte, los presuntos afectados se inclinarían por una reparación que no necesariamente derive en el cierre de las inmobiliarias.

Hace más de un año, la Superintendencia de Bancos empezó a examinar la situación de la sociedad financiera Proinco, en ese proceso se detectó una vinculación con Marktradecorp S.A., Mingacorp S.A. y Encaisser S.A., por lo que se solicitó a la Superintendencia de Compañías investigar su accionar.

Durante esa evaluación, dijo Valdiviezo, llamó la atención el mecanismo de captación de dinero que habrían efectuado las sociedades, atribución que es propia de las entidades del sistema financiero, según lo dispuesto en el Código Monetario y Financiero.

Pero el abogado Mauricio Aguirre, defensor de Santiago R., quien enfrenta cargos por supuesta estafa masiva, en entrevista con este diario negó que las empresas captaran dinero.

En específico se refirió a Marktradecorp, indicando, en primer lugar, que su cliente no es representante legal de la compañía, sino Presidente del Consejo Consultivo. Por esta razón, señaló, la Fiscalía no debió formular cargos contra Santiago R.

“Ellos (las empresas) vendían activos de fideicomisos que están legalmente constituidos y que tienen los bienes aportados a estos”.

También aseguró que entre Marktrade y la sociedad financiera Proinco “no existe ningún vínculo”, entidad que sí tenía autorización para recibir depósitos.

A su criterio se estaría generando una confusión, dado que Marktrade es dueña de la marca ‘Proinco Inmobiliaria’, la cual, insistió, no tiene relación con la sociedad financiera que está en proceso de liquidación ordenado por la Superintendencia de Bancos. Al ser consultado sobre el rol de Santiago R., con Mingacorp y Encaisser, Aguirre respondió que es ‘promotor’ inmobiliario de ambas, pero que tampoco es su representante legal.

La Fiscalía sostiene que el empresario “ofrecía a los inversionistas pagar por sus depósitos intereses más altos de los establecidos en la ley”, lo cual es rechazado por el jurista, manifestando que las 3 inmobiliarias vendían un derecho fiduciario y “por esta venta se entregaba una cantidad (de dinero)”.

La garantía de ello serían las promesas de compra-venta de los títulos y los pagarés entregados a los clientes.

Sin embargo, Camilo Valdiviezo advierte que esos documentos no fueron emitidos dentro del marco normativo correspondiente y, además, se habrían cometido otro tipo de infracciones. Precisó que la cesión de derechos fiduciarios se tiene que instrumentar a través de escrituras públicas.   

Aguirre conminó a los accionistas e inversionistas a no desvincularse de Marktrade S.A., para evitar la liquidación. No obstante, dijo que si los acreedores quieren el reembolso de su inversión, “todo será cancelado”. Para ello la empresa contaría con un respaldo de $80 millones en activos distribuidos en 10 proyectos inmobiliarios. (I)