Los ecuatorianos que enfrentan deudas hipotecarias en España creen que no recibirán ayuda por parte del gobierno ibérico. Ellos aseguran que las agencias bancarias no les ofrecen soluciones ante sus deudas.

En marzo pasado el presidente Rafael Correa, durante un encuentro con su homólogo Mariano Rajoy, anunció que buscará una solución para más de 8.000 compatriotas que enfrentan problemas hipotecarios.

El ofrecimiento  puso en evidencia este fenómeno. Sin embargo, el problema se visualizó días atrás cuando el ecuatoriano César Guerrero inició un plantón en la agencia Cataluña Banc, en donde exigía a la entidad que acepte su vivienda como pago de una hipoteca de 68.000 dólares.

Estos casos no fueron aislados. Entre 2008 y 2011 la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) atendió a 3.500 personas que solicitaron asistencia y apoyo legal tras enfrentar problemas por hipotecas. Así lo informó un reporte de la Red de Casas Senami-España, emitido el 20 de marzo de 2012.

El 9 de marzo España aprobó una ley para evitar los desalojos de las familias que no pueden pagar las hipotecas debido a la crisis laboral de ese país. La medida permitió que -en ciertos casos- se dé en pago la vivienda. Sin embargo, algunos compatriotas se han visto en la necesidad de buscar otras salidas.

Ese es el caso de Luis Enrique Gavilanes (38 años), ecuatoriano que estuvo radicado en Granada (Andalucía) durante 11 años. El pasado 5 de marzo regresó al Ecuador para conseguir dinero y traer de regreso a su esposa y tres hijos.

Luis llegó a España en condición ilegal, pero tras recibir su residencia inició los trámites para adquirir un departamento a través de la agencia Dokche Bam. Los únicos requisitos que  presentó fueron tarjeta de residencia, certificado de salario y un garante. En 2004 le dieron un departamento de 80 metros (sala, comedor, baño y 3 dormitorios) valorado en 94 mil euros, para ser cancelados en 30 años, a un interés del 4%. Luis se dedicaba a la agricultura.

En promedio ganaba hasta 1.000 euros al mes, lo suficiente para pagar las cuotas. Sin embargo, en 2007 cuando inició la crisis laboral, los problemas vinieron encima porque no podía pagar las mensualidades. “Hablé con el banco, que no podía pagar las cuotas. Les dije que me retiren la casa como parte de pago y no me la quisieron recibir”, contó. Hace tres meses fue desauciado (desalojado), pero todavía tiene que cancelar la deuda que supera los 90 mil euros.

La Confederación Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee), a través de un reporte presentado a la Secretaría Nacional del Migrante, informó que en España se realizan 30 desaucios diariamente, de los cuales 16 son a familias ecuatorianas.

Lorena Araujo, subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Senami, dice que las condiciones en las que fueron otorgados los créditos, registran varias anomalías. “Muchos créditos fueron ilegales. Algunos bancos ofrecieron créditos que atentaban con las normas de la Superintendencia de Bancos española”.

Aseguró que la Secretaría mantiene diálogos con la Defensoría del Pueblo en España, a fin de apoyarse en la jurisdicción y legislación de dicho país. En esa línea, señaló que se está localizando a las personas afectadas para ofrecerles asesoría legal.

Mientras tanto, el gobierno español aprobó el Real Decreto-Ley 6/2012, el cual plantea medidas urgentes de protección a los deudores hipotecarios sin recursos. Esta señala: “Para beneficiarse, las familias deberán tener todos sus miembros desempleados, sus cuotas hipotecarias ser superiores al 60% del conjunto de sus ingresos, poseer esa única vivienda y carecer de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda”.

El decreto establece tres mecanismos para evitar el desalojo: reestructuración de la deuda para que durante cuatro años solo se paguen los intereses y no el capital. Además se podrá extender el plazo del pago de la hipoteca hasta por 40 años.

La segunda alternativa es la condonación de una parte del crédito, cuyo monto dependerá de cada caso. El tercero se propondrá como dación (parte) de pago la entrega de la vivienda. El deudor podrá permanecer en el inmueble un plazo mínimo de dos años como arrendatario pagando una renta anual del 3% del importe del crédito pendiente.

Para algunos ecuatorianos la medida es injusta. Galo Peña Mejía (41 años) es hermano de Édgar Roldán Mejía (42 años), quien tiene una hipoteca por un departamento ubicado en Madrid y valorado en 280.000 euros. A decir de Galo, hace un año y medio la inmobiliaria le quitó el departamento, pero le permitió quedarse ahí a cambio de que pague 200 euros de arriendo. Es decir que Édgar paga los intereses de la hipoteca, aparte del arriendo del departamento que ya no es suyo. “Eso es injusto. Estamos en un limbo, perdidos en una deuda”, dijo Galo.