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“Hacia la cohesión social en el buen vivir”

El actual modelo de desarrollo de Ecuador a través del Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir (2013-2017) persigue como grandes metas reducir la pobreza, cerrar brechas de desigualdad, aumentar la participación ciudadana y promover la cohesión social.

Así, cabe avanzar en las distintas dimensiones de la cohesión social en el Ecuador: bien como inclusión social, que promueva la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas —en pie de igualdad— en la vida económica, social y política del Ecuador, lo cual fortalece la democracia —real— y participativa del país para trasladar las demandas de los ciudadanos a los gobernantes y exigirles transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública realizada; bien como movilidad social, que posibilite una igualdad real de oportunidades para progresar, básicamente a través de la mejora del sistema educativo público y de la extensión de las becas a los estudiantes de familias con menor ingreso; y, por último, bien como capital social, para que exista una sólida confianza entre las personas y las instituciones ecuatorianas, que dé sentido de pertenencia a la sociedad y que promueva la estabilidad social y la solidaridad como vector social que contribuya al cierre de las brechas de equidad.

En este marco, ¿cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores sociales para promover conjuntamente un desarrollo con cohesión social en Ecuador? Por un lado, el gobierno ha de avanzar en la cobertura y atención de los servicios públicos de educación, salud, protección social (seguridad social) y de seguridad ciudadana. Ello requiere un contexto de estabilidad social, de sostenido crecimiento económico, y de aumento de la capacidad financiera (recaudación pública) y de la autonomía (menor vulnerabilidad) del gobierno ecuatoriano. A la par, el Gobierno ha de ser: efectivo, con una gestión pública por resultados de desarrollo; eficiente, reduciendo costes de gestión e incrementando su productividad; y abierto, para gobernar no solo para los ciudadanos, sino con ellos, a través de mayores niveles de participación y transparencia. Por su parte, las familias, empresas, y organizaciones de la sociedad civil (cooperativas, asociaciones, fundaciones, etc.) deben realizar una intervención decidida y demandante en la sociedad, con mayores cuotas de participación política y social, con mayor conciencia fiscal y cumplimiento en el pago de los impuestos, y con exigencia de transparencia en la gestión pública y de obtención de servicios públicos de calidad, en pro del necesario “pacto fiscal” en la sociedad ecuatoriana.

El actual momento histórico es oportuno con el proceso de expansión económica y de transformación social para avanzar en los diferentes retos y dimensiones de la cohesión social en Ecuador. Aprovechar la oportunidad histórica del país es responsabilidad de todos los actores sociales ecuatorianos.

Para ello, algunos nichos estratégicos sobre los que avanzar son: el fortalecimiento de las estadísticas y de los registros públicos, la inversión en capacidades públicas -humanas y técnicas- que modernice el servicio civil, la promoción de la participación digital ciudadana (mayor acceso a internet y soluciones e-government), la mejora de la rendición de cuentas públicas con eficaces instituciones de control, y la mayor coordinación entre administraciones públicas para la consecución de los objetivos de desarrollo.

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