Desde finales de junio entrará en vigencia una nueva tasa de fiscalización minera, cuyo objetivo es fortalecer la supervisión estatal sobre más de 1,6 millones de hectáreas concesionadas, con un enfoque en el combate a la extracción ilícita y el monitoreo técnico y ambiental de las operaciones legales.

Una nueva tasa de supervisión y control minera entrará en vigencia en el país, para fortalecer la fiscalización técnica, legal y ambiental de las actividades mineras.

Esta medida, impulsada por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), permitirá mejorar la capacidad operativa del Estado frente al avance de la extracción ilícita de minerales en todo el país.

Mediante un comunicado, la ARCOM explicó que esta tasa no es un impuesto, sino una contraprestación por los servicios públicos de fiscalización.

Los fondos recaudados se destinarán al fortalecimiento de los operativos de control, el monitoreo permanente de concesiones mineras y la cobertura técnica en las 24 provincias del país, ampliando significativamente la presencia de la autoridad reguladora.

Su aplicación será diferenciada según el tipo de minería (pequeña, mediana, gran escala o régimen general) y la etapa del proyecto.

En el caso de la minería artesanal estará exenta del pago, y los pequeños productores se verán beneficiados por una mayor fiscalización a la competencia desleal generada por operadores ilegales, fortaleciendo así su posición en el sector formal.

La implementación de esta tasa está respaldada por marcos legales como la Constitución, la Ley de Minería, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Decreto Ejecutivo 256 y el Acuerdo Ministerial 0204. Estos instrumentos facultan a la ARCOM para establecer este tipo de cobros por sus servicios de control.

Según el cronograma oficial, la tasa comenzará a aplicarse desde junio de 2025 en cuatro fases que incluyen la aprobación institucional, diseño de mecanismos de cobro y aplicación progresiva a los distintos segmentos del sector minero. El primer cobro se realizará de manera proporcional para el primer semestre del año y continuará con un esquema completo hasta enero de 2026.

El Gobierno informó además que la medida fue socializada entre el 19 y el 27 de mayo, como parte de un proceso participativo entre los actores del sector.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) June 3, 2025