Hace un mes, cuando el presidente Rafael Correa anunció el envío a la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, criticó el uso de los fideicomisos para aislar patrimonios y así evitar el pago del impuesto a las herencias.

La propuesta, cuyo trámite fue retirado temporalmente de la Asamblea, incorpora un tributo a esta figura legal para impedir que se use con fines evasivos.

El proyecto menciona que en caso de transferencia de bienes a fideicomisos y sociedades se presume que a la muerte del titular se efectúa una sucesión, por lo que el impuesto a la herencia recae sobre los bienes, “aunque no se transfieran a los beneficiarios”.

Estos fideicomisos quedan aislados del patrimonio personal del propietario (cuyos últimos beneficiarios hayan sido sus herederos), y por lo general la transferencia ocurre generalmente por la vía del testamento.

Según Corina Navarrete, jurista y profesora de la Universidad Católica de Guayaquil, el fideicomiso, como cualquier instrumento legal mal usado, puede prestarse para abusos y, en este caso, evitar el pago del impuesto. “El problema es que al momento en que se constituye una entidad autónoma, los bienes dejan de pertenecer al constituyente o sus beneficiarios”.

Según datos de la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores (SCVS), en Ecuador el año pasado se registraron 1.658 fideicomisos, de los cuales 819 se encuentran en administración, 536 en garantía, 207 son de carácter inmobiliario, 5 de inversión y 91 de titularización  (ver infografía).

De acuerdo con datos de la Asociación de Administradoras de Fondos y Fideicomisos (AAFFE),  estos contratos disminuyeron en Ecuador al pasar de una participación del 18% en el PIB (Producto Interno Bruto) en 2009, a solo el 9% este año. El PIB para este año se estima en más de $ 100.000 millones.

Ramiro Viteri, director de la AAFFE, negó que estos instrumentos sirvan para evitar el pago de impuestos. “Sería ilegal constituirlo o administrarlo para eludir tributos, incluso el de la herencia si fuera el caso”, aseguró.

Para Viteri, esta figura es todavía poco conocida, por lo que en caso de que se incorpore esta ley se desalentaría aún más la inversión. “En otros países de América Latina, como Colombia, Argentina, México y Venezuela, el uso del fideicomiso ha aumentado respecto del PIB”, aseguró Viteri.

Pero, ¿qué utilidad tiene este instrumento que data del Derecho Romano?  El fideicomiso es un contrato de confianza por el cual un patrimonio o determinados bienes se transfieren a un fiduciario, para que los administre bajo ciertas instrucciones del constituyente.

El fiduciario deberá regresarlos a sus beneficiarios una vez alcanzadas dichas metas.

Para Carlos Licto, abogado experto tributario, no todo es malo, pues su uso no es exclusivo en temas de sucesión. “Es un mecanismo que sirve también para dar seguridad a los participantes de algún negocio”, dijo.  
Por ejemplo, un fideicomiso inmobiliario permite a un constructor llevar a cabo un proyecto, aunque  no tenga dinero para adquirir el terreno. En ese caso se lo constituye para administrar el proyecto. “El dueño aporta con las tierras, el promotor con los planos, los estudios y al final, cuando se ha vendido, los beneficios se reparten entre las partes”, detalló.

El titular de AAFFE aseguró que no hay figura más regulada que la del fideicomiso, pues se constituye mdiante una escritura pública sujeta a aprobaciones.

Los expertos consideran que aun con la actual legislación, el Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene la facultad para intervenir en un fideicomiso y cobrar el impuesto, pues la información sobre quiénes son los beneficiarios de los derechos fiduciarios es enviada a la SCVS obligatoriamente; de este modo cuando el dueño del patrimonio muere, el SRI, puede hacer un seguimiento. Para Navarrete, el proceso podría ser engorroso.

La académica señaló que una ley como la que se propone no hará el cobro más eficiente, pero sí cubriría un vacío de la ley actual al incorporar a fideicomisos, sociedades y cualquier instrumento jurídico capaz de aislar bienes. Mientras que Licto opina que tendría efectos disuasivos. (I)

DATOS

El uso de mecanismos jurídicos para eludir impuestos es un mal global.  Un ejemplo de ello fue la multa de $ 2.500 millones que se le impuso al banco Credit Suisse por ayudar a multimillonarios de los Estados Unidos a evadir impuestos. Entre los beneficiarios  están empresarios, deportistas, músicos y actores.

Según la ONG Oxfam, las 91.000 personas más ricas del planeta controlan una tercera parte de la riqueza y dan cuenta de la mitad de los depósitos en paraísos o guaridas fiscales, por lo que la evasión fiscal no hace más que profundizar la inequidad.

106.498 clientes del banco HSBC (Hong Kong Shanghai Bank) integran una lista filtrada de cuentas bancarias acusadas de evadir impuestos entre 2005 y 2007. Una nómina que sumaría $ 180.000 millones en evasiones.