En compañía del  procurador Gonzalo Balladares, los empleados de la Cervecería Nacional pidieron a la Fiscalía que investigue varias irregularidades dentro del proceso que se sigue para el pago de las utilidades de 1.200 ex trabajadores.

En una rueda de  prensa realizada ayer en las instalaciones de la empresa, en Quito, Balladares señaló que, tras varias entrevistas en medios impresos, el abogado de los demandantes, Luis Alberto Zúñiga, afirmó que se contrató a tres defensores y que sus honorarios iban a ser cobrados luego de los resultados. En las notas se afirma que sus porcentajes por honorarios serían del 10 al 20% del monto en disputa (18 millones de dólares).

Solicitan que se investiguen a los abogados  y qué vinculaciones tienen con su representante legal.

Ante una nota periodística, Zúñiga afirmó que  la demanda de los ex trabajadores se financió a través de rifas.

El jurista explicó que el pago de publicaciones y remitidos fue a crédito y que existían garantes.

Los integrantes de la compañía cuestionaron la identidad de los garantes, porque cada uno de los espacios publicitarios tiene un valor aproximado de 30.000 dólares y se invirtió cerca de 120.000 dólares en menos de dos meses.

Actualmente, los 1.780 empleados  impulsan una campaña de “resistencia”. (URG)