El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, anunció ayer a través de un comunicado que “dada la fuerte baja del precio del petróleo en el mercado internacional se tomó la decisión, de orden fiscal, de recortar del Presupuesto General del Estado (PGE) $ 839,8 millones en gastos de inversión y $580 millones en gasto corriente (salarios y bienes y servicios)”.

En total se reducirán $ 1.420 millones del PGE de este año. La rebaja en presupuesto representa el 4% del total aprobado por la Asamblea que fue de $ 36.317 millones, por lo que el PGE para este año fiscal será de $ 34.897 millones.

El ministro Herrera precisó que el recorte en la inversión pública ($839,8 millones) se ha hecho básicamente en proyectos que guardan relación con importaciones y que pueden ser diferidos para los siguientes años. Puntualizó que no se afectarán proyectos que generen crecimiento económico, consumo nacional y empleo.   
Con respecto a la revisión en gastos corrientes, el funcionario manifestó que “consiste en un recorte directo de $ 200 millones y en un ajuste de $ 380 millones por optimización del gasto de algunas entidades”.  

Herrera, que integra la comitiva que acompaña al presidente Rafael Correa en su visita de Estado a China que comenzó hoy, suscribirá en el viaje contratos de financiación con bancos de la nación asiática y buscará nuevas líneas de financiación para mantener la planificación fiscal de los siguientes años.

Comisión se pronunciará  

El presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Oswaldo Larriva, indicó que el Ministerio de Finanzas está en posibilidades de modificar el Presupuesto General del Estado hasta por un 15%, lo cual no es necesario que se notifique al pleno.

Sin embargo, aclaró que en caso de que los cambios que se hagan al PGE superen el porcentaje establecido el Ministerio de Finanzas deberá notificar al organismo sobre lo sucedido, para que este presente un informe a la Asamblea.    

De acuerdo con el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas “estas modificaciones serán puestas a conocimiento de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre”.  

El presidente de la Comisión de Régimen Económico indicó que ha solicitado a la viceministra de Finanzas, Madeleine Abarca, un informe detallado sobre la decisión del Gobierno respecto al recorte en el Presupuesto General del Estado.    

Larriva precisó que no está entre las atribuciones del organismo legislativo el observar lo realizado por el Ministerio de Finanzas, pero consideró que es necesario conocer en detalle lo realizado y poder dar un criterio a la opinión pública.

El asambleísta aseveró que espera contar con el informe para conocer en qué sectores se va a dejar de invertir, aunque está convencido de que será en lo relacionado a infraestructura física, entre las  cuales no estarán las grandes obras que lleva delante el Gobierno, como son las hidroeléctricas ni tampoco en sectores como salud y educación.

Gasto corriente

La decisión del Gobierno de recortar del Presupuesto General del Estado $580 millones en gasto corriente (salarios y bienes y servicios), se vería reflejada en la no renovación de varios contratos ocasionales de entidades del sector público, según el representante de los servidores, Miguel García.     

Explicó que al momento, de los más de 600.000 funcionarios que laboran en las diferentes entidades estatales (ministerios, secretarías, consejos provinciales, municipios) al menos 120.000 están bajo la modalidad de contrato, por lo que “entre 20.000 y 30.000 de esos contratos, cuya fecha de terminación fue el 31 de diciembre de 2014, no serían renovados”.    

Recalcó que sería en el ámbito del personal contratado, mas no en el de nombramiento, ya que lo que se busca es un ahorro. “Al suprimir un puesto esto ocasionaría más gasto ya que se debería pagar al funcionario saliente su indemnización. Además se frenarían los procesos de contratación de nuevo personal”.