La Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley de Redistribución de los Ingresos del Gasto Social enviado por el Ejecutivo  hace 26 días, una normativa que permitirá incrementar el Bono de Desarrollo Humano (BDH) de 35 a 50 dólares desde enero de 2013. Con esta nueva reforma se logrará cubrir el financiamiento para el alza de este subsidio con parte de las ganancias de las entidades privadas del sistema financiero.

La votación tuvo 79 adhesiones a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. Tal y como se había anunciado durante la jornada, los bloques de oposición, como Sociedad Patriótica, Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD), dieron sus votos para dar paso a esta reforma.

El asambleísta de SP, Luis Almeida, dijo durante el debate que por disposición expresa de Lucio Gutiérrez, líder del partido y candidato presidencial, 17 asambleístas del bloque darán sus votos para la aprobación de la ley.

En el debate que se efectuó ayer en el Legislativo se aprobaron tres tipos de modificaciones al proyecto original: Se determinó que el sigilo bancario, al que ahora tiene acceso el Servicios de Rentas Internas (SRI), sea únicamente para uso tributario y tendrá el carácter de reservado, de no ser así, los funcionarios del entidad recaudador de impuestos estarán sujetos a sanciones de tipo administrativo, civil y penal.

Otro artículo que se sumó a la ley es la que determina que las entidades bancarias tienen terminantemente prohibido trasladar las cargas tributarias de la ley a sus usuarios y clientes de las mismas. La Superintendencia de Bancos y Compañías será la entidad que regule, vigile y sancione el cumplimiento de esta disposición.

También se agregó una disposición final que emplaza al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), dentro de su estrategia territorial, a que  fortalezca su acción en las zonas de frontera y de la Amazonía, garantizando el acceso al BDH a las personas mayores de 65 años y a los más pobres.

El Gobierno espera recaudar anualmente con esta iniciativa legal unos 164 millones de dólares adicionales de la banca privada y sumarlos a los 140 millones de dólares aportados por el Estado para elevar de 35 a 50 dólares el  bono que reciben mensualmente 1,2 millones de pobres.

La forma de percibir ese dinero será con el cobro del impuesto a los activos en el exterior, incrementando su tarifa mensual un 0,25% para fondos disponibles en entidades extranjeras y de inversiones, y un 0,35% para subsidiarias ubicadas en paraísos fiscales.

Una vez conocida la noticia, el presidente Rafael Correa, quien daba una rueda de prensa en Guaranda, confesó su “satisfacción” por la aprobación de la norma y resaltó que ahora se socializarán las ganancias y no las pérdidas de la banca, como ocurrió en 1999. “Ahora lo que va a ocurrir (con los bancos) es que ganarán un poquito menos, pero seguirán ganando y bastante (...) por la buena situación de la economía”, dijo el Mandatario a periodistas de Bolívar.   Correa tiene ahora treinta días para aprobar o vetar la normativa.

Este diario intentó comunicarse con César Robalino, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), sin embargo el ejecutivo no contestó las llamadas.