A $ 200 millones llegaría el perjuicio a clientes de la empresa Terrabienes (Infografía)

La tarde de ayer se dictó orden de prisión preventiva contra Jorge O.T., gerente de la inmobiliaria Terrabienes, por presunta estafa masiva al incumplir con la entrega de viviendas a más de 1.200 personas en el macroproyecto Arcos del Río, ubicado en el km 1.6 de la autopista Pascuales-Terminal Terrestre.

Esto marca el inicio de la etapa de instrucción fiscal que durará 90 días y en la cual se reunirán las pruebas que configuren el presunto delito, dijo el fiscal Julio Vacacela tras la audiencia de formulación de cargos en la sala 21 del complejo de la Función Judicial en el centro comercial Albán Borja, en Guayaquil.

El procesado, quien fue detenido la noche del jueves, no asistió a la diligencia que inició a las 17:30, pero fue representado por sus abogados, quienes pidieron al juez Patricio Vidal no dar paso a la audiencia, pues su defendido no había sido notificado con 72 horas de anticipación, tal como lo estipula el artículo 575 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los patrocinadores de Jorge O.T. también argumentaron que la Fiscalía no había presentado  indicios suficientes que probasen la existencia de “operaciones ficticias” que puedan ser consideradas como estafa, sino apenas “presunciones”.

Al menos 20 perjudicados que ingresaron a la sala de audiencias, expresaban con gestos y en silencio su malestar por estas palabras.

Pero ante los argumentos de la defensa, Raúl Llerena, patrocinador de un grupo de clientes, señaló que el perjuicio económico causado por Terrabienes alcanzaría los $ 200 millones, y que además existen denuncias, informes y “convulsión social” por el incumplimiento.

Por otro lado, reveló que los documentos firmados por los compradores no eran contratos de compra - venta, sino “mandatos para reserva de una futura compra” en un proyecto urbanístico y “esa figura no existe en nuestro país”.

De acuerdo al dictamen del juez, en las próximas horas se deberá emitir un informe sobre el estado  de salud del implicado, quien se desmayó al momento de la detención y se encuentra asilado en una clínica de la ciudad.

Al menos  80 personas esperaban noticias sobre el proceso en los exteriores de las dependencias de la Función Judicial; sin embargo, persistía en ellos la duda sobre el futuro del proyecto y la posibilidad de acceder a su vivienda.

“Ahora estoy más preocupada, primero nos dijeron que no tenían plata, luego que nos iban a pagar con terrenos, el mes pasado que un grupo empresarial construiría el proyecto; y ahora detienen al señor Ortega”, dijo Karina Tamayo, quien compró a Terrabienes una vivienda  en Ceibos del Río y firmó un contrato de mandato en septiembre de 2011, a través del cual la inmobiliaria se comprometió a entregarle la casa en enero de 2015.       

Pero los inconvenientes legales de Jorge O.T no terminan con la orden de presión preventiva. Previo a la decisión judicial, el Banco Bolivariano anunció que demandará a las compañías Terrabienes, Terrahogar S.A y Promonacc, cuyo representante legal es el empresario, pues los lotes en construcción fueron hipotecados por Terrabienes a la institución financiera.

Antecedentes

Días antes de su detención, Jorge O., presidente ejecutivo de Terrabienes, afirmó a EL TELÉGRAFO que la inmobiliaria no ha estafado a ningún cliente: “el mero retraso no lo es, nosotros somos promotores con un historial de más de 40 años de cumplimiento”.

Luego de varias inspecciones a la Inmobiliaria Terrabienes, Ecuafontes y Anglo Automotriz Sociedad Anónima, la Superintendencia de Compañías y Valores (SC) solicitó el 9 de febrero a un juez constitucional que emitiera medidas cautelares contra los principales accionistas y administradores del Grupo Ortega, con el fin de precautelar los intereses de los inversionistas, socios o accionistas, y terceros.

De acuerdo con la resolución de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, Terrabienes no solo mantiene impagas las obligaciones contraídas en el mercado bursátil por alrededor de  $ 10 millones, sino que además dentro del giro de su negocio (construcción, promoción y venta de planes habitacionales a gran escala), “se mantiene con un incumplimiento sostenido y recurrente en cuanto a entregar las casas a miles de personas que ya pagaron en su totalidad por ellas, y sin embargo no han obtenido hasta la presente fecha ni la devolución del dinero, ni mucho menos el inmueble en sí”.     

22 días después, el fiscal Walter Suárez realizó un reconocimiento de los terrenos en donde la Inmobiliaria Terrabienes debió construir el macroproyecto Arcos del Río.

Durante el recorrido, que contó con la presencia de Ortega, algunos  perjudicados no dudaron en decirle en la cara aquello que le tenían reservado por meses: “¡Te he pagado $ 40.000 Ortega, dónde está mi dinero!”, “confiamos en usted, ¿dónde están sus 40 años de experiencia?”.  

El gerente de Terrabienes les contestó que debían seguir pagando, pues en una situación así, “hay que buscar salidas inteligentes”. El 3 de marzo el titular de Terrabienes señaló que estaban dispuestos a culminar las obras de Arcos del Río a través de un grupo empresarial, del cual no reveló el nombre, y con el cual estaban negociando para que se hiciera cargo del proyecto.