Por la coyuntura electoral que vive el país, más de un candidato a la presidencia ofreció eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) argumentando que ahuyenta a la inversión extranjera. La propuesta se mantiene de cara a la segunda vuelta que se realizará el 2 de abril.

Pero, ¿qué tan cierto es que el impuesto frena la atracción de capitales extranjeros? Quienes se hacen eco de esto sostienen que los inversionistas no vienen al país, entre otras cosas, porque les perjudica pagar el tributo cuando desean repatriar su dinero.  

Esta tesis es desmentida por Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); y Francisco Parisi, académico y excandidato presidencial de Chile en 2013.

Ambos concuerdan en que no existe relación porque, entre otras cosas, es un impuesto común en el mundo para frenar la fuga de capitales hacia el exterior.

“Es un lugar común que usan para decir que afecta. Hay que entender que otros países tienen costos similares”, remarcó De la Torre.

“Si se elimina el ISD va a ser un grave error. En lugar de tener los dólares depositados acá en el país, se van a otro lado. Hay que cuidar mucho ese dinero”, señaló Parisi.

El ISD apareció en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en Ecuador, el 29 de diciembre de 2007, con una tasa inicial de 0,5% que años después subió progresivamente a 5% (tarifa actual).

Aplica sobre todas las operaciones y transacciones que se realicen al exterior. Abarca a la transferencia o traslado de divisas en efectivo o a través de giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza.

Gravan los pagos relacionados a importaciones de bienes, servicios e intangibles.

Con la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas (abril de 2016) el monto de exención de pago bajó de  $ 10.000 a tres salarios básicos unificados (SBU), es decir $1.125. La persona que abandone el país sumará un salario adicional por cada menor de edad que lo acompañe.

Existen excepciones para estudiantes en el exterior y personas que padecen enfermedades catastróficas, cuyos tratamientos deben realizarse en otro país.

Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), a diciembre de 2016, un total de 18.691 empresas cancelaron $ 598 millones por el impuesto. Un 82,30% son grandes compañías.

Por otra parte, 210.000 personas naturales pagaron $ 87 millones. Representan el 2,7% de la población económicamente activa (PEA). El 63% fueron ciudadanos con ingresos anuales superiores a $ 100.000.  

Más allá de propósitos recaudatorios, el impuesto fue creado como un mecanismo de control y desincentivo a la salida de divisas, lo cual afecta a la sostenibilidad del sistema de dolarización, aclaró De la Torre.

Para él, la economía ecuatoriana, al estar dolarizada, no dispone de los instrumentos de política cambiaria, por lo que “esta medida es una de las que apuntalan al sistema monetario, lo defiende”.

Eliminar el tributo influenciaría en una eventual elevación de las tasas de interés definidas por el Banco Central del Ecuador (BCE), lo cual sería nocivo para el desenvolvimiento de las finanzas públicas y beneficiaría al verdadero dueño del dinero que es Estados Unidos, advirtió Parisi.

Ante el supuesto perjuicio a la captación de capitales extranjeros, Parisi recomienda establecer incentivos tributarios con exenciones de pago del ISD por un tiempo determinado para las inversiones de largo aliento.

El Código Orgánico de la Producción en vigencia contiene incentivos tributarios con exoneraciones del ISD en ciertas operaciones.

El impuesto mide cuánto dinero se ha enviado a paraísos fiscales

Lo recaudado por esta vía ha permitido al Servicio de Rentas Interas tener una idea más clara del destino de los recursos nacionales, especialmente en relación a los territorios considerados paraísos fiscales.

Al respecto, desde la oposición se ha manifestado que si el dueño del capital ya cancela el 5% del ISD, el Estado no debería preocuparse por el lugar donde termina.

El problema surge porque descompensa a la caja fiscal, dado que no se cancelan los tributos generados por la utilización de bienes y servicios necesarios para producir el dinero.

Poseer cuentas o recursos en paraísos fiscales no es ilegal, lo que se cuestiona es el origen del capital y cómo facilitan la evasión tributaria.

A criterio de Martín Guzmán, investigador de la Universidad de Columbia, la tarifa del ISD es baja. “Es como si dijeran ‘yo pago el 5% y eludo todo el resto’, pero eso está violando un pacto social”, expresó.

En este sentido, el presidente  Rafael Correa impulsó la consulta popular de ‘pacto ético’ para prohibir que funcionarios públicos tengan vínculos con paraísos fiscales. La propuesta venció con un 55,12% a favor en las elecciones del pasado 19 de febrero. (I)