Ha pasado poco más de un mes, las lluvias llegaron y la hierba reverdeció como un signo de nuevos tiempos. Las reses pacen con agrado, las plantas de banano crecen a buen ritmo y en los 12 centros de procesamiento las frutas se lavan, encajonan y despachan.

Todo en la hacienda La Clementina parece estar como siempre, salvo por un detalle: ya nadie habla de Exportadora Bananera Noboa y a muchos aún les cuesta recordar el nombre adoptado por la cooperativa de trabajadores que adquirió el predio  por más de 78 millones de dólares, en un proceso de incautación y remate no exento de controversia.

A los 1.600 trabajadores asociados a Coproclem (Cooperativa de Producción Clementina) les cae  como anillo al dedo aquel refrán que dice que ‘el ojo del amo engorda al caballo’, pues  desde el 4 de enero, cuando la hacienda pasó oficialmente de manos del empresario Álvaro Noboa a sus empleados, sobre ellos pesa la responsabilidad de que despegue o se vaya al despeñadero.

La misión se tomó con estusiasmo. En la planta de empaque conocida como Palizada 1, un merengue estridente suena y su cadencia parecen seguirla desde la mujer  que coloca las etiquetas, hasta la banda eléctrica que hace rodar las cajas de banano listas para irse a Europa. La época es buena, dicen, la humedad y el calor hacen que la fruta adquiera el grado necesario para cortarla, por lo que la producción ha llegado hasta las 130.000 cajas semanales, un 14% más que ‘antes’.

La palabra hace referencia a la administración del 5 veces candidato presidencial, en un tiempo en que probablemente no imaginaba  que la propiedad le serviría para cubrir parte de su deuda de $ 93 millones con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Pero viéndolo bien, algo más que el nombre ha cambiado por estos lares, en donde también hubo silencio e inconformidad.

Darwin Álava, vocal de Coproclem, no recuerda haber recibido una utilidad de parte de su expatrón en los más de 20 años de trabajo. “Todos los años Álvaro Noboa se declaraba en quiebra”, dice.

Y ni siquiera lo conoció. Supo, eso sí, que un día en su última campaña electoral (2013) llegó a la parroquia (La Unión) para captar votos, pero no lo convenció. “Igual que administraba la hacienda, iba a administrar el país”, dice justificándose.

Comenta que entonces no había ni cómo ‘alzar la voz de protesta’, ya sea por las fumigaciones que se realizaban sin precaución mientras los trabajadores estaban en el campo ni por la falta de insumos para el trabajo diario. “Era como un padre que abandona a sus hijos”, expresa. “Esos que hablaban eran despedidos”.

Según Álava, en 1os últimos 10 años las aproximadamente ocho administraciones priorizaron la producción bananera mientras que la de otros productos como piña -que antes se exportaba- quedaron en el olvido.

Esperanza Álvarez, mujer de semblante animado y mejillas coloreadas, se atreve a decir -mientras pega etiquetas en los bananos aún verdes- que todos en La Clementina se sienten liberados. Para ella, el hecho de que los trabajadores sean propietarios de la hacienda lo cambia todo y los obliga a trabajar para ‘sacarla adelante’.

Claro, también hay otra importante razón: pagar el préstamo de 80 millones de dólares facilitado por la Corporación Financiera Nacional (CFN).

El compromiso es grande, pues desde el Gobierno la consigna fue directa: la hacienda debía ser de sus empleados.

Así lo anunció el presidente Rafael Correa a finales de noviembre, no sin antes advertir a los 1.600 de “que no se podrá retacear un solo metro cuadrado de La Clementina”, porque ésta ya era de todos.

Bajo esa máxima unción, el camino hacia la adjudicación de la propiedad fue expedito, salvo por las zancadillas legales de la defensa de Noboa que desde la incautación, en mayo, planteó demandas por irregularidades en el cobro del impuesto a la renta de la bananera, ilegalidades en el proceso de remate, e incluso fórmulas de última hora para el pago de la deuda. El SRI no tardó en colocarlas a la orilla dejando el camino nuevamente libre.

Así, a mediados de diciembre, Coproclem ofertó $ 78’930.882,65 por la propiedad, las 2 terceras partes que estipula el Código tributario ecuatoriano para adjudicarse un bien en remate y, menos de una semana después, en plena época festiva, los campesinos recibieron lo ofrecido.

La buena nueva dispersó el nubarrón de incertidumbre que se había posado por siete meses sobre los empleados y las 11.500 hectáreas de plantaciones de banano, café, limón y teca.

“Hay optimismo, la producción es buena y, sobre la cooperativa, entiendo cómo es la situación, sabemos que no vamos a ganar utilidades, pero mantendremos nuestros puestos de trabajo como siempre”, comenta Tania Delgado, trabajadora social de la empresa.

Pero, como en casi toda circunstancia de la vida, siempre hay inconformes.

Bajo la plácida sombra de una cabaña donde almuerzan los vaqueros luego de pastorear a las casi 5.000 reses de la hacienda, Santos Acosta afirma sentirse ‘dueño de nada’, como la canción de El Puma.

“Esto es del Estado, no es nuestro, si no podemos vender nada, qué dueños vamos a ser”, expresa mascullando la frase, con el dejo propio del hombre de campo.

Su comentario provoca que las quejas broten de algunos: “Hubiera preferido que vendan la hacienda y recibir mi liquidación”. “Nos ofrecieron que con el remate se nos pagaría”. “Qué va a pasar con los jubilados que no recibieron su dinero”.

Álava, entonces, en señal de concordia, les habla de una asamblea de empleados, de revisar estatutos, de que apenas es un mes y que a la cooperativa aún no le corresponde presentar informes de producción o ganancias; y que de esa parte de la historia, es el SRI el encargado de dar cuentas.

Por eso Carlos Marx Carrasco, cabeza del Servicio de Rentas Internas, puso en enero sobre la mesa -y en un salón lleno de periodistas- las cifras que desvirtuarían cualquier duda: “Venta de banano $17’269.837,29; de teca $ 913.392; de productos varios $ 13.650,11 y de ganado, $ 295.097,13”.

Aun así, la incómoda conversación con los vaqueros produjo una reflexión en Álava: “Hasta hora no sabía en qué me había metido”. Cierto rubor se hace evidente en su rostro.

Y es que resta solucionar temas jurídicos que darán tranquilidad al personal, pues algunos no entienden cómo es eso de pasar de una empresa a una cooperativa, y si un nuevo contrato validará los años trabajados para Noboa.

Las utilidades por pagar suman 33 millones de dólares y ya motivaron una carta al presidente Correa, de la cual esperan contestación a la brevedad posible.

Por fortuna hay otros trabajadores que se mantienen ‘con los pies en la tierra’ y para quienes conservar sus puestos de trabajo es más que un aliciente por el momento.

Juan Benítez, hombre menudo y de cabello canoso, experto en verificar que la báscula de la planta de procesamiento señale un máximo de 44,50 libras por caja de banano, afirma que su trabajo es lo que hace que lleve dignamente el pan a su hogar. Él ha pasado prácticamente toda su vida en el sitio. Llegó siendo un niño para armar cajas de cartón.

De momento, en la finca los rumores de proyectos productivos se esparcen como eco en medio del bosque de teca, donde hay además un cementerio y una escuela, y en donde no faltan las vertientes de agua que bajan de los cerros colindantes con la provincia de Bolívar. Así de grande es La Clementina.

Ya la visitaron delegaciones del Ministerio de Agricultura, que hablaron de diversificar la producción, de que el cacao sería un cultivo ideal y que se analizará la idoneidad de la tierra para otros más.

Se habló además de producir carne para grandes empresas, porque el centro de faenamiento que se instaló hace 3 meses ya no funciona y el momento es ahora, cuando las lluvias llegaron, la hierba reverdeció y las vacas pacen y engordan con libertad.

Datos

Historia: La hacienda La Clementina data de mediados del siglo 19, como un predio en donde se cultivaba banano por la idoneidad de su tierra.

Propietarios: El primer dueño de La Clementina fue el banquero Clemente Ballén, de ahí pasó a una compañía sueca.

A manos de Noboa: En 1978 fue adquirida por Luis Noboa Naranjo, padre de Álvaro Noboa.

Ubicación: Oficialmente tiene una extensión de 11.500 hectáreas que colindan con Babahoyo y Montalvo, último cantón riosense antes de la provincia de Bolívar.