Hasta finales de marzo las instituciones públicas deberán entregar al Ministerio de Trabajo, toda la información sobre los funcionarios que laboran bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales y así dar paso a los concursos de méritos y oposición, con el fin de ocupar ciertas plazas de manera permanente.

Los servidores públicos que lleven más de dos años trabajando en esas condiciones o cuyos contratos no fuereon renovados, participarán en los procesos  que deben ejecutar todas las entidades.

Aquellos funcionarios con contratos ocasionales vigentes deberán esperar a que estos finalicen formalmente para ser incluidos en próximos concursos, de acuerdo a las necesidades del Gobierno.

Se volverán permanentes aquellas plazas que respondan a los requerimientos de cada entidad y sean avaladas por el Ministerio de Trabajo.

Hasta diciembre de 2017, las 166 instituciones de las cinco funciones del Estado y otras tenían 95.294 contratos de servicios ocasionales.

Para enero del año 2018 la cantidad se redujo a 92.314, según el distributivo entregado por el Ministerio de Finanzas. (Ver infografía)

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La mayoría están concentrados en el sector social. Solo ahí se contabilizan 62.294 contratos.

Los ministerios de Salud Pública y Educación son lo que más tienen con 28.772 y 27.827, respectivamente.

Inestabilidad laboral
En entrevista con EL TELÉGRAFO, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, aclaró que el proceso da cumplimiento a la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), que fue aprobada por la Asamblea Nacional en agosto.

La normativa hizo reformas a esa figura de contratación, que a criterio del Ministro fue usada “de manera totalmente irregular y en desmedro de los empleados”.

Mencionó que existen funcionarios que llevan trabajando para el Estado por más de 6 años, cuando este tipo de contratos duran un año y son para el desarrollo de una actividad especial que no será permanente.

“Eso es precarización”, sentenció Ledesma, quien además señaló que los servidores eran perjudicados porque no se les brindaba estabilidad laboral, ya que en cualquier momento podían ser cesados.

Por ejemplo, dijo, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay cerca de 500 empleados con contratos ocasionales que en algunos casos superan los 4 años.

La reforma establece que la suscripción de esos contratos será aprobada de forma excepcional, según los requerimientos de cada institución y sustentado en un informe previo de la Unidad de Talento Humano, toda vez que exista la partida y presupuesto disponible.

Los funcionarios contratados bajo ese mecanismo no excederán el 20% de la nómina de cada entidad.

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, también considera que en años anteriores se abusó de esta figura.

“Es un esquema de precarización”, coincidió García y añadió que con esto se dio paso a otros sistemas que tampoco generaban estabilidad para los trabajadores.

“Ahí se creó la figura para sostener a gente, unos buenos y otros con palancas (compadrazgo), y darles nombramientos provisionales”, manifestó el dirigente.

García ve con buenos ojos el inicio de los concursos de mérito y oposición, pero exige transparencia para evitar nuevos abusos. Criticó que el Ministerio de Trabajo no haga una socialización minuciosa del tema.

Iván Nolivos, abogado laboral, explicó que los concursos para ya estaban determinados desde que se aprobó la Losep en 2010, pero se hizo caso omiso de la misma vulnerando los derechos de los trabajadores.

El jurista indicó que el Gobierno anterior fue contradictorio al eliminar la figura de tercerización, por considerarla una forma de precarización laboral, mientras que casa adentro se cometieron excesos a través de los contratos ocasionales y nombramientos provisionales.

El proceso
El 11 de diciembre el ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2017-0192, el cual establece el procedimiento con respecto a los concursos de méritos y oposición para nombramientos provisionales y contratos ocasionales.

Para el primero se fijó un plazo de 30 días a fin de  que las instituciones entreguen la información y empiecen los procesos. Para el segundo se dieron 90 días.

El acuerdo está dirigido a los servidores que hayan laborado ininterrumpidamente en relación de dependencia por cuatro años o más hasta el 19 de mayo de 2017. En servicios ocasionales se extiende a quienes pertenezcan a proyectos de inversión.

Los concursos se desarrollarán mensualmente acorde a la capacidad del sistema del Ministerio de Trabajo que soporta hasta 3.000.

Ledesma aseguró que el proceso está tan retrasado porque “nadie había hecho nada”. Ahora se quiere poner en orden la casa. (I)