Continúa el bullying al gasto público

Luego de varios fracasos del neoliberalismo en las urnas, la desesperación de sus representantes políticos los ha llevado a adoptar estrategias inverosímiles y simplistas: ataques mediáticos recurrentes, alianzas partidistas cantinflescas, embates sistémicos a la administración de impuestos, críticas mutiladas respecto del gasto público, entre otras. Sobre el gasto público me permitiré desarrollar algunos puntos de vista.

La tesis económica que defienden los políticos liberales requiere de un Estado tímido, reducido, sumiso, permisivo, sin poder de decisión, un Estado al servicio de los capitales, bajo el supuesto de que favoreciendo a las élites (dueños del capital y empresas), la economía genera beneficios que van cayendo como gotas (famosa teoría del goteo), llegando a las clases trabajadoras y convirtiéndose en una ventaja para la economía nacional. Nada más alejado de la realidad ecuatoriana y latinoamericana, recordemos que hasta hace poco este grupo “generador de beneficios” explotaba laboralmente a los ecuatorianos bajo la modalidad de la tercerización e intermediación.  

La intervención del Estado puede darse básicamente en aspectos normativos y regulatorios, pero además puede incidir directamente en la economía a través de la adquisición de bienes y servicios, así como, con la prestación de subsidios y transferencias; a esta injerencia se la conoce como “gasto público”. Resulta poco comprensible satanizar esta intervención del Estado, que pretende dinamizar la economía, incentivando a los agentes a la inversión, generación de empleo y finalmente estimulando el consumo nacional. Explicaré esta afirmación: las compras realizadas por el Estado se efectúan mayoritariamente a las empresas privadas. Estas, con el objetivo de satisfacer la demanda adicional, requieren incrementar los factores de la producción, capital (inversión) y trabajo (empleo), de esta relación los nuevos empleados destinan parte de sus ingresos (salarios) al consumo de bienes y servicios de otras empresas privadas, generándose de esta manera una interacción constante entre estos actores. Para el caso de los subsidios y transferencias distribuidas por el Estado, estas tienen como objetivo generar recursos a las clases sociales menos favorecidas, permitiendo asegurar el consumo mínimo de las mismas, formándose nuevamente la interacción con las empresas privadas. Otro de los destinos del “gasto público” es el sostener el aparato estatal, salarios de funcionarios públicos que cumplen nuevamente el ciclo descrito ya que destinan sus rentas al consumo. Al análisis de esta intervención estatal ecuatoriana también converge señalar que gran parte de estos recursos han servido para el mejoramiento de infraestructura, energía, comunicaciones, transporte, etc., que han beneficiado al sector empresarial más que al ciudadano común, ya que le ha permitido reducir costos y gastos en el desarrollo de sus actividades.

Entonces, si la intervención del Estado a través del “gasto público” resulta positiva y favorece en gran medida a la rentabilidad de los grupos económicos a los que representa el neoliberalismo, ¿por qué sus actores han castigado tanto dicho gasto?, quizá no les molesta para nada la inyección de recursos  económicos por parte del Estado, quizá lo que más les preocupa es cómo el Estado ecuatoriano ha venido generando dichos recursos y quiénes son los beneficiarios ahora.

La teoría sugiere 3 maneras de financiar el gasto estatal: 1) impresión de dinero, 2) endeudamiento y 3) impuestos, para el caso ecuatoriano que carece de sistema monetario el punto 1 no representa una opción, pero incorpora los ingresos percibidos por la venta de recursos naturales (petróleo). En este contexto, si la preocupación de las élites está orientada a la forma de financiamiento del Estado y han demostrado inconformidad con el endeudamiento (sin un discurso claro) y con el régimen impositivo, no es complejo deducir que los ingresos petroleros no les quita el sueño. El endeudamiento que asume el Estado independientemente del acreedor, en determinado momento se deberá satisfacer, por lo general la fuente de pago de estas obligaciones serán los ingresos permanentes (impuestos). Al realizar esta descomposición transparentamos que la intranquilidad de las élites económicas y su clase política se basa en el régimen impositivo que se ha estructurado en nuestro país en estos últimos años, donde la capacidad recaudatoria y la justicia social se han puesto de manifiesto, priorizando los impuestos directos que sugieren una mayor contribución de dichas élites. Sin duda alguna continuará el bullying al gasto público, pero deberían (¿las élites?) dejar de disfrazarlo con discursos cortados y escuetos, y finalmente exponer sin tapujos lo estorboso que les resulta contribuir un poquito más con este país que les permitió acumular de manera irracional en tiempos neoliberales. (O)