Cerca de 3.000 acreedores de la banca privada dejaron atrás el sufrimiento de la crisis de 1999

Una de las promesas de campaña del presidente de la República, Rafael Correa, en 2013, fue la de terminar definitivamente la crisis bancaria de 1999 que ocasionó que 16 bancos cerraran sus operaciones dejando un costo para el Estado de más de $ 5.000 millones, y sobre todo una gran deuda social.  

Para cumplir con esto, el 15 de enero de este año el Ejecutivo remitió a la Asamblea el proyecto de Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, con el carácter de urgente en materia económica, cuyo objetivo fue ayudar a los ‘deudores de buena fe’.

El Ejecutivo aseguró que era imperioso dar por concluidos los procesos de pago de miles de acreedores perjudicados por los malos banqueros, con esquemas que permitieran facilitar el cobro de la cartera adeudada, restituir a los ecuatorianos la confianza en el sistema financiero y en las políticas gubernamentales de supervisión y control de este sistema, así como optimizar los recursos generados por la venta de activos y recuperación de cartera de las entidades extintas y redimir las obligaciones del mayor porcentaje de acreedores perjudicados por la crisis bancaria.

El proyecto fue tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el legislador Juan Carlos Cassinelli. El pleno de la Asamblea, el 6 de febrero, con 102 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra, aprobó el proyecto de ley, que luego de pasar por el proceso de objeción del Presidente de la República entró en vigencia al ser publicado en el Registro Oficial 188, de 20 de febrero de 2014.   

Roberto Parra Guzmán, vocero de los deudores de buena fe, reconoció la propuesta del Jefe de Estado  y señaló que esto fue una “boya de salvación” para los aproximadamente 3.000 acreedores que han sido personas que fueron perjudicadas por el cierre de los bancos durante la crisis ocurrida en 1999.  

Este es el caso de Rosa Arellano, deudora de la banca cerrada, quien dijo sentirse aliviada luego de que por fin pudo reestructurar su deuda y dejar atrás 15 años de sufrimiento, en los que perdió su casa, su negocio y se fue a la quiebra, teniendo que ir a trabajar como secretaria de su hermana, quien es ginecóloga.   

 El gerente del BancoCentral del Ecuador (BCE),Mateo Villalba, en su informe a la Asamblea Nacional el pasado 5 de diciembre indicó que desde el 20 de febrero hasta el 2 de diciembre de 2014 se han cancelado 8.389 acreencias por $ 13’570.701. El 100% de bienes muebles está inventariado y avaluado.   

Reiteró que los pagos se efectuaron hasta por un valor de $ 75.000 por acreedor y por una sola vez, por lo que se habilitaron 41.895 acreencias por $ 23,8 millones. El pago de acreencias se lo hizo primero al sector privado (12%) y luego al público (88%). Se condonaron operaciones inferiores a los $5 mil y hubo un recálculo de cartera de acuerdo con criterios de la ley.    

“El proyecto del Gobierno fue acertado, ya que con el mismo se ha logrado resarcir a un grupo de ecuatorianos que quedaron atrapados en ese mal dado proceso  de quiebra y salvataje bancario”, aseveró el economista Santiago  García.         

Precisó que el trabajo que han cumplido las entidades encargadas de este proceso, Banco Central del Ecuador (BCE) y Corporación Financiera Nacional (CFN),  ha sido eficiente.

Agrega que aún hay personas que no han logrado reestructurar sus deudas, por lo que considera que el Gobierno debería analizar la posibilidad de llevar adelante un segundo proceso para que definitivamente la crisis del 1999 quede cerrada.  De esta forma, las partes deberían sentarse a conversar y buscar una salida para aquellas personas que no lograron, dentro de los plazos, cumplir con los procesos.