La Contraloría General del Estado (CGE) estableció responsabilidades de índole penal en exfuncionarios del anterior Gobierno por los contratos de venta anticipada de crudo suscritos por Petroecuador con Petrochina y Unipec entre el 1 de enero de 2012 y 31 agosto de 2016.

Así lo confirmó ayer el contralor (s), Pablo Celi, en medio de una reunión con integrantes del Foro de Economía y Finanzas Públicas que colaborarán con el análisis a la deuda pública.

Al menos doce hallazgos con irregularidades determina el examen especial DNA6-0012-2017 en el cual se revisaron $6.108’524.121 que constan en 226 facturas.

Destaca, entre otros aspectos, que no se evidenció la conformación del Comité Ejecutivo para la identificación de proyectos específicos  ni las gestiones y estudios previos a la suscripción de los contratos  para la compraventa de crudo Oriente y Napo, que evidencien rentabilidad y mutuo interés.

El informe examinó los contratos 2012291 y 2012292 con Petrochina y Unipec, respectivamente.

De ahí se desprende el Acuerdo Marco de 5 partes suscrito el 20 de diciembre de 2012 entre el Ministerio de Finanzas, Petroecuador, y los compradores: Unipec Asia CO.LTD., Petrochina International CO. LTD. y China Development Bank Corporation (BDC). Incluye cinco contratos accesorios hasta el 27 de junio de 2014.

Contraloría reportó que no pudo revisar el Acuerdo Marco porque Finanzas lo catalogó como “reservado”, según la notificación MINFIN-SPF-2016-1136.

Tampoco se cumplió con el tiempo de dos años para la negociación y vigencia de los contratos, como lo establecen las políticas de comercialización internacional de hidrocarburos.

Las condiciones contractuales carecen de sustento de estudios técnicos, económicos y legales.

Por cada contrato Petroecuador se comprometió a entregar 61’740.000 barriles de petróleo a Petrochina y Unipec, respectivamente, hasta el 31 de octubre de 2020. Suman 123’480.000 barriles.

Entre el 20 de diciembre de 2012 y 31 de agosto de 2016 (fecha de corte del examen) la estatal ecuatoriana proporcionó a Petrochina  36’052.299,99 barriles y a Unipec 44’310.323,99; es decir, en total fueron 80’362.623,98 barriles.

En ninguno de los dos contratos se nombró a un administrador que evalúe, tome decisiones e informe a las autoridades sobre su ejecución. Asimismo, la Contraloría encontró inconsistencias en el destino final del crudo.

El crudo entregado a Petrochina terminó en 5 puntos de continente americano, especialmente en la Costa Oeste de Estados Unidos.

Según el órgano de control, el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador del momento, Nilsen Arias, “no verificó”, previo a la suscripción de ese contrato, “el destino de los embarques negociados”.

Con Unipec, en cambio, el hidrocarburo fue a parar a 12 diferentes destinos.

En enero de 2018 la Fiscalía General del Estado inició un proceso de investigación sobre Nilsen Arias por el presunto delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión entre 2010 y 2017, con base al informe DAEPC y CP0054-2016 emitido por la Contraloría.

En el examen especial a las preventas petroleras se determina que Petroecuador dejó de percibir cerca de $ 48 millones por los negocios con las dos empresas.

El 21 de octubre de 2016 el Gerente de Comercio Internacional, encargado, aseguró que los contratos se firmaron acorde a los Convenios de Alianza Estratégica y que los aspectos técnicos, económicos y contractuales deben ser acordados entre las partes, considerando las prácticas internacionales.

Los funcionarios interpelados por la Contraloría justifican la legalidad de sus acciones en los Convenios de Alianza Estratégica suscritos entre Petroecuador, Sinopec (casa matriz de Unipec) y Petrochina, en septiembre de 2008 y enero de 2009, en su orden.

Dichos acuerdos tenían por objeto trabajos de mejoramiento, optimización e incremento de la producción de crudo o derivados, participar en actividades económicas de mutuo interés de comercialización y servicios petroleros, explotación, transporte, almacenamiento, y otros, por un lapso de 5 años. (I)

Los destinos
Las pérdidas
Según la Contraloría, Petroecuador dejó de percibir cerca de $ 3 millones por los más de 17 millones de barriles que entregó a Petrochina y que posteriormente terminaron en varios destinos de América a través de cinco embarques.

5 facturas con la empresa Unipec no recibieron los pagos debidos dentro de los días establecidos.

Documentos reservados
Finanzas indica que los convenios o documentos serán secretos y reservados cuando sean de endeudamiento público.

Glosa de $ 77 millones para Rivera y Herrera
Patricio Rivera y Fausto Herrera, exministros de Finanzas en el gobierno de Rafael Correa, deberán responder por una glosa administrativa de $ 77,2 millones, sanción confirmada por la Contraloría a través de la resolución 12821 del 2 de febrero de 2018, suscrita por Pablo Celi, contralor subrogante.

Además se establece responsabilidad solidaria en contra de Darío Velasteguí Enríquez, excoordinador general Jurídico del Ministerio de Finanzas.

La glosa surge del examen especial DADSySS-0036-2015 realizado para verificar el cumplimiento de la normativa sobre los procesos de endeudamiento público, destino y utilización durante el período del 2 de enero de 2008 al 31 de julio de 2014.

Según la auditoría, en abril de 2012 Patricio Rivera, entonces titular de Finanzas, emitió el Acuerdo Ministerial 108 mediante el cual se permitió que el Estado entregue bonos como dación de pago para cubrir el 40% de las pensiones jubilares administradas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La medida no fue objetada por Fausto Herrera cuando lo sucedió  en el cargo en mayo de 2013 y dio paso a la ejecución del acuerdo.

Darío Velasteguí es señalado  porque tampoco hizo reparos y permitió su aplicación amparado en el artículo 131 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, lo cual no es legal porque los gastos permanentes deben ser cubiertos por ingresos permanentes y no por deuda, recalca la Contraloría sustentada en el artículo 126 de la misma norma.

De esta manera el Gobierno pagó con papeles por un total de $ 1.272,7 millones, entre 2013 y 2014, los cuales generaron intereses por $ 77,2 millones.

Como parte de la auditoría, el Ministerio de Finanzas negó cualquier afectación a las cuentas nacionales asegurando que las operaciones son lícitas porque se dan entre entes públicos.

Aunque los mencionados todavía pueden apelar por un recurso de revisión, dentro de los próximos 60 días, el contralor subrogante, Pablo Celi, mencionó que “la confirmación de la glosa agotó todos los procedimientos previos”  para que los involucrados presenten los descargos correspondientes.  

Rivera y Herrera fueron piezas clave en la administración de Correa. Sectores de oposición aseguran que sus políticas colapsó la economía ecuatoriana.

Ahora Rivera se desempeña como superintendente de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), mientras que Herrera es profesional de libre ejercicio. (I)

Izquierda: Fausto Herrera dejó la cartera de Finanzas en diciembre de 2016. | Derecha: Patricio Rivera actualmente es Superintendente de la EPS. Fotos: El Telégrafo