Transparencia garantiza la igualdad en el mercado

03 de agosto de 2013 - 00:00

Según datos de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) este organismo tramita 35 casos a nivel nacional  de posibles prácticas que atentan contra la libre competencia, el buen funcionamiento de los mercados y el bienestar de los consumidores.            

Estos casos, que se registran desde febrero de 2011 hasta julio de este año,  comprenden diversos sectores de la economía. Estos son industrias farmacéuticas, de telecomunicaciones, turismo, comida rápida, transporte terrestre y aéreo, automotriz, construcción, agroindustria, educación, entre otros. (Ver infografía ampliada)

Las infracciones cometidas por estos sectores van en contra de lo que establece la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que pasó al Registro Oficial en octubre de 2011.

Estas irregularidades, de acuerdo con la SCPM,  están relacionadas  con situaciones de abusos de poder de mercado, prácticas de discriminación, confusión, engaño, violación de normas, aprovechamiento de reputación ajena, etc.  

La ley establece como abusos del mercado cuando una empresa fija precios predatorios o explotativos,  para afectar a la competencia. Estos precios predatorios o explotativos son  valores  que una empresa fija a niveles muy bajos, con el objetivo de debilitar o eliminar a otras entidades o industrias.    

La SCPM impondrá las sanciones de acuerdo al nivel del volumen de negocios total de una empresaSantiago García, experto en comercio exterior, explicó que la libre competencia consiste en que  ninguna empresa puede fijar por sí mismo un solo precio, sino que se fijen por el movimiento de la oferta y la demanda. “Lo que tenemos que asegurar es que haya transparencia en el mercado,  que la acción de las empresas sea de la mejor manera posible y que todos los que actúen en ese mercado tengan las mismas oportunidades”.       

Resaltó que  Estados Unidos es uno de los países que posee una  amplia experiencia  de  regulación en este contexto. La  Ley de Control Antimonopolio norteamericana data de principios del siglo XX.  

De su parte, el analista económico Luis Rosero sostiene que en el país la mayor parte de la industria es oligopólica, es decir  que pocas empresas grandes dominan el mercado.

Sin embargo, recalcó que  el oligopolio es una estructura de mercado que no solo se presenta en la industria. “También se registra en la banca, líneas aéreas, comercialización de alimentos (supermercados), cría de pollos y más. Hay casos de monopolio o cuasimonopolio como es la producción de botellas de vidrio”, puntualizó Rosero.

Precisó además que el oligopolio y monopolio perjudican al consumidor, al imponer precios mayores a los de la competencia y productos de cierta calidad, con  lo cual, dijo,  el nivel de bienestar de éste  disminuye.

Por ello precisó que es importante que se  regulen y controlen  las estructuras de mercado no competitivas. “Los consumidores tendrán cierto grado de defensa, en la medida en que se sancionen los casos comprobados”.      

La SCPM impondrá sanciones a las empresas u operadores económicos, asociaciones, uniones o agrupaciones, que infrinjan lo dispuesto en la ley, de la siguiente manera: infracciones leves con multas de hasta el 8% del volumen de negocios total de la empresa; las graves de hasta el 10% del mismo  volumen;  y muy graves que llegan a sanciones de  hasta el 12% de la cantidad total del negocio.           

En caso de que no sea posible delimitar el volumen, las sanciones  se definirán mediante otra metodología:  infracciones leves que fluctúan entre 50 y 2.000 remuneraciones básicas unificadas. Las graves  desde 2.001 hasta 40.000 remuneraciones, y las muy graves,  más de 40.000 remuneraciones básicas unificadas.

Cooperación bilateral

Con el fin de fortalecer e intercambiar experiencias en materia de control de poder de mercado y libre competencia, la SCPM y la Autoridad de la Competencia de Francia suscribieron días atrás un Convenio de Cooperación.

El evento contó con la presencia de autoridades, abogados del sector público y privado, funcionarios, decanos de facultades de jurisprudencia del país, entre otros.

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