Economía popular pide “democratizar inversiones”

- 26 de junio de 2018 - 00:00
Fausto López, de 75 años, forma parte de la economía popular y da trabajo a 15 personas en su microempresa ubicada en la ciudad de Ambato.
Foto: Archivo / El Telégrafo

Para los sectores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) el proyecto de ley económica aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional y que espera el veto del Ejecutivo no cumple con sus expectativas, de modo que esperan que sean incluidos otros puntos que permitan fortalecer este tejido productivo.

José Buñay, presidente de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), considera que la iniciativa debe contemplar otros puntos que en su momento fueron expuestos en el Legislativo por diferentes representantes de la EPS, pero que no han sido incluidos en las reformas aprobadas por la Asamblea.

Buñay puntualizó que un primer aspecto que debería incluir la Ley de Fomento Productivo tiene que ver con la “democratización de las inversiones”.

El funcionario explicó que si bien se contemplan incentivos para que se invierta en el país, “no hay una garantía de que esos recursos puedan beneficiar a los territorios más empobrecidos del país o con mayor índice de desempleo”.

Otro de los aspectos tiene que ver con el apoyo al sector. En ese sentido considera que el fondo de garantía contemplado en el proyecto de ley para el fomento de la EPS debería nutrirse también con los excedentes de la banca privada y de las empresas grandes para cubrir el vacío que existe en el acceso a créditos. La propuesta vigente es que ese fondo se constituya con el 50% de las utilidades de la banca pública.  

El sector de la EPS considera que debe haber mayor fortalecimiento a través de una institucionalidad sólida, que se eliminen trámites engorrosos y que haya un fomento y acompañamiento permanente.

Al igual que Buñay, la presidenta de la Cámara de EPS, Lucía Calderón, mostró su preocupación por la posible reducción en las compras públicas debido a la política de austeridad dictada por el régimen, pues el mayor porcentaje de compras de bienes y servicios de micro y pequeños productores viene de parte del Estado.

Esas preocupaciones y propuestas serán enviadas al presidente Lenín Moreno a lo largo de esta semana con la esperanza de que sean incluidas en el veto que debe realizar al cuerpo legal. (I)