Contraloría determinó ocho irregularidades en el manejo de la deuda

- 10 de abril de 2018 - 00:00
El contralor (d) Pablo Celi pasa frente a los veedores de la deuda pública minutos antes de revelar el informe penal que determinó responsabilidades penales contra el expresidente Rafael Correa y dos exministros.
Foto: Marco Salgado / El Telégrafo

La auditoría señaló indicios de responsabilidad penal contra el expresidente Rafael Correa y otras autoridades por realizar operaciones financieras no sustentadas y cambios normativos entre enero de 2012 y mayo de 2017.

Indicios de responsabilidad penal estableció la Contraloría General del Estado (CGE) en contra del expresidente Rafael Correa, los exministros de Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera, y otros exfuncionarios, por el manejo que tuvo la deuda pública.

El lunes 9 de abril, el contralor subrogante, Pablo Celi, presentó el Informe Final DNA3-0007-2018 que contiene el examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública, interna y externa, entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017.

Las conclusiones de la auditoría apuntan a que Correa disminuyó el nivel de endeudamiento, cuando se aproximaba al límite permitido (40% del PIB), valiéndose del Decreto Ejecutivo 1218.

Por aquella acción también son señalados los ministros de Economía y Finanzas, que durante el tiempo evaluado fueron Patricio Rivera y Fausto Herrera; los subsecretarios de financiamiento público, entre otras autoridades. Sobre ellos la Contraloría determinó, además, responsabilidad administrativa con multa y destitución.

El examen especial analizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Central de Ecuador (BCE), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y demás entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa.

Las recomendaciones de la auditoría son numerosas y en su mayoría están dirigidas al MEF. Entre ellas consta la disposición de publicar los estados agregados de la deuda, que no están disponibles desde enero de 2017.

Esta información recoge en su conjunto los rubros totales de la deuda interna y externa. A enero de 2018, según el MEF, la suma de ambos da como resultado $ 49.602 millones (incluido atrasos).

Esa cifra, sin contar la preventa de crudo y otras obligaciones internas, ya rebasa el límite legal de endeudamiento.

Sin embargo, al seguir vigente el Decreto 1218, se toma en cuenta la deuda consolidada, la cual a la fecha acumula $ 35.709 millones, manteniéndose dentro del rango permitido.

Al respecto, la Contraloría también dispone la conciliación de valores de deuda entre las subsecretarías de financiamiento y contabilidad gubernamental.

El proceso de la auditoría estuvo acompañado por una Veeduría Ciudadana conformada por 11 personas, entre las que figuran exfuncionarios públicos, analistas y dirigentes empresariales. Todos asistieron a la lectura del informe final.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), comentó que las conclusiones sobre el Decreto 1218 constituyen un mensaje de “sincerar el monto real de la deuda”.

“Sabemos que (la deuda) está por encima del 40% del PIB y con problemas. No está contabilizada la deuda derivada de los contratos de preventa petrolera, tampoco la deuda del Estado con el IESS”, manifestó Aspiazu. Añadió que por tal motivo el Ministerio de Finanzas debe presentar a la Asamblea Nacional un plan de estabilización económica.

El académico Pablo Dávalos confirmó que la Contraloría remitió a la Fiscalía General del Estado el informe con los indicios de responsabilidad penal.

Apoyó que Finanzas proponga al Legislativo un programa de estabilización con el fin de obtener la aprobación para cubrir las necesidades de financiamiento existentes.

“Esto nos lleva a la determinación de la deuda. El Gobierno debe cambiar el marco fiscal del 40% porque las nuevas emisiones de deuda corren el riesgo de ser calificadas por Contraloría como fuera del límite legal”, explicó Dávalos.

Correa salió al paso de las acusaciones expresándose primero en redes sociales, donde escribió que “si no se quiere medir la deuda, sino los pasivos tendrían que medir también los activos y que solo en inversión existieron $ 90.000 millones en 10 años”.

En una entrevista radial, el expresidente descalificó al Contralor, a quien calificó de “impostor e instrumento de persecución”. Se ratificó en la legalidad de sus acciones, pues el decreto aplica criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Supongamos que nos hayamos pasado el límite de deuda. ¿Por dónde hay una responsabilidad penal? Para que haya responsabilidad penal debe haber dolo, beneficios de terceros. ¿Quién ha lucrado, qué daño se ha hecho?”, replicó Correa.

Finalmente, dijo que la propia ministra de Economía, María Elsa Viteri, reconoció que la deuda pública está por debajo del 40%.

La funcionaria habló sobre el tema el domingo, en una entrevista televisiva, en donde aseguró que “hay una discrepancia en cuanto a la cifra de la deuda”, pero aclaró que, a pesar de que los pasivos son “bastante altos”, no se ha superado el techo.

EL TELÉGRAFO trató, sin éxito, de comunicarse con los exministros Rivera y Herrera. El último escribió en Twitter que “la Contraloría se convirtió en una herramienta de persecución política, que no mide las consecuencias de sus acciones”. (I)

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