Apenas el 51% de la población ecuatoriana está bancarizada y un porcentaje similar tiene acceso a créditos formales en una entidad. Por ello, en el Congreso de Sostenibilidad e Inclusión Financiera 2019 que se realiza en Quito, las autoridades y ponentes coincidieron en que es indispensable contar con una política de inclusión financiera para el país.

Varios aspectos para impulsar el acceso a los servicios bancarios constaban en las reformas al Código Monetario y Financiero que planteaba el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, archivado por la Asamblea. Ahora las autoridades mejoran (en forma) la propuesta para enviarla al Legislativo a inicios del próximo año 2020.

La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, indicó que la reforma incluye incentivos para la inclusión financiera y mecanismos para su medición.

Además, se refuerzan las facultades de la entidad para controlar y regular las prestaciones de servicios financieros y su cobertura. Arregui también ve necesaria la incorporación de las fintech, pues estos emprendimientos contribuyen a la innovación bancaria.

La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, por su parte, solicita tener las mismas funciones de control que la Superintendencia de Bancos, dijo Catalina Pazos, superintendenta (e). Esta institución regula las cooperativas y mutualistas.

Para Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, el actual Código Monetario, al no cumplir estándares internacionales, limita la capacidad de la banca para atraer capitales y eso es una limitación para entregar créditos.

Agregó que la política para establecer las tasas de interés de los préstamos debe modernizarse y establecerse de acuerdo con las condiciones del mercado.

Jorge Saza, director económico de la Federación Latinoamericana de Bancos, explicó que los desafíos más grandes para la inclusión financiera a nivel regional son el combate a la pobreza y a la informalidad. Además se debe reforzar la educación financiera. (I)