El presidente Moreno analiza la concesión de la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por $ 4.000 millones a 20 años.
La concesión de la administración de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) aún está en análisis en el Ejecutivo.
¿Es un buen negocio para Ecuador? Analistas coinciden en que la transparencia será clave para este proceso.
Las concesiones, para el Gobierno, permitirán la optimización de los recursos estatales y el crecimiento de las empresas públicas. De acuerdo al consejero de la Presidencia, Santiago Cuesta, la administración de CNT sería 100% concesionada a una empresa privada por $ 4.000 millones por 20 años y el Estado se reservará la utilidad del 25%.
Para el analista miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, Danilo Albán, el que se concesione una empresa como CNT no es el problema.
Lo importante, sostiene, es que haya transparencia en los acuerdos entre las partes y que se conozca el valor real del patrimonio, información aún pendiente del lado del Gobierno. “No se conocen los posibles términos del contrato ni los plazos en que los inversores pagarían al Estado”, apuntó. A su criterio, el desembolso de los recursos tendría que ser inmediato para que el fisco supere su problema de liquidez.
El experto cuestionó que no exista una valoración real ni auditada de la empresa pública que permita determinar si los $ 4.000 millones que recibiría el Estado es lo que vale realmente la compañía.
El economista Juan Carlos Torres es más crítico frente a la propuesta de concesionar CNT. Alertó que el artículo 42 de la Ley de Fomento Productivo cambia la normativa de finanzas públicas y establece que en los proyectos bajo asociación público-privada o cualquier otra modalidad de delegación al sector privado, el Ministerio de Finanzas podrá comprometer pagos o aportes públicos por los periodos establecidos en los contratos.
“Esto podría significar que el Estado, en lugar de recibir dinero por la concesión puede entregarle al privado. El artículo de la ley es ambiguo y abre la puerta a una interpretación a favor del concesionario”, advirtió el analista.
Otro de los factores que Torres identificó en este tema es que al ser concesionada la empresa, estaría obligada a pagar por el espectro radioeléctrico que podría llegar a costar cerca de $ 400 millones por 15 años.
Para el analista, no es conveniente que el Estado concesione CNT, pues al ser una empresa pública puede llegar a territorios que no necesariamente son rentables, pero sí prioritarios como los rurales. En cambio, al estar en manos privadas, el enfoque será hacia la rentabilidad económica y no la social.
Según datos de 2017, CNT cuenta con activos por $ 2.486 millones; $ 1.872 millones en pasivos y un patrimonio de $ 614 millones. En ese año reportó un ingreso de $ 912 millones.
Concesión vs. privatización
El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, enfatizó que el Gobierno no pretende vender los activos del país, sino concesionar la administración de empresas y proyectos del Estado.
“No es privatización, es concesión de la administración. La ciudadanía debe estar clara en esto para que no se deje llevar de información falsa”, resaltó el secretario de Estado.
Esto fue reiterado por el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, quien aseguró que la privatización está prohibida por la ley.
Recordó que el expresidente Rafael Correa “quería vender CNT en $ 700 millones, nosotros queremos concesionar la administración”.
La privatización significa que el Estado vende su empresa; mientras que en una concesión la entrega al sector privado por un tiempo determinado y el Estado continúa como dueño.
En abril del año pasado, el Gobierno anunció que como parte de su plan de optimización del Estado, las 22 empresas públicas se reducirán a 15. (I)
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Proyectos hidroeléctricos no pueden concesionarse
El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, informó que en su sector no se ha realizado ninguna concesión y recalcó que es un tema que está en análisis dentro del régimen.
Enfatizó que el Gobierno no piensa deshacerse de los activos del país, sino mejorar su administración con la participación del sector privado.
Dijo que las hidroeléctricas Coca Codo Sinclair y Sopladora estarían imposibilitadas de ser concesionadas, pues aún no han sido entregadas al Estado.
En una entrevista a Ecuador TV, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, aseguró que en los próximos días se presentará el mapeo de empresas públicas realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Hay la decisión de que las empresas que no funcionan deben cerrarse. A las que tienen réditos hay que apoyar para que crezcan y a las que tienen más réditos tenemos que ver si concesionamos su administración”, afirmó.
El presupuesto general del Estado para 2019 contempla un ingreso de $ 1.000 millones que entrarían por concesiones.
El Ministro de Finanzas, Richard Martínez, indicó, en noviembre de 2018, que el BID calculó que este año podrían ingresar $3.000 millones vía concesiones. (I)
