Marchas, plantones y protestas fuera de las instituciones judiciales forman parte de las acciones que emprendieron  acusadores y defensores de la Cervecería  Nacional, empresa que hasta el 3 de mayo tenía plazo para cancelar  90 millones de dólares por concepto de utilidades a favor de 1.200 trabajadores que laboraron en la empresa desde 1990 a 2005.

Ayer, Arturo Cervantes, procurador de los ex trabajadores; y Gonzalo Balladares, defensor de la Cervecería, llegaron hasta la Corte Constitucional en Quito para presentar pedidos diferentes.

Cervantes  exige que la Cervecería cancele los  90 millones de dólares de utilidades más intereses, que sumarían 400 millones de dólares; y, Balladares solicitó  que la Corte analice el tema para que se defina en los tribunales laborales y no en los penales.

Cervantes agregó que son  16 años en los cuales los trabajadores no recibieron  utilidades. Además acotó que la empresa no es netamente nacional, puesto que el 99 por ciento de las acciones corresponde  a inversionistas extranjeros, quienes en su debido momento recibieron  el dinero que hoy se reclama como derecho de los trabajadores.

Al respecto, Balladares dijo que se esperará un pronunciamiento de la Corte Constitucional, como la máxima instancia legal, sobre el pedido   de revisar el caso, porque considera que detrás del cobro de utilidades están grupos interesados en desestabilizar a las empresas nacionales.

Cervantes reiteró que la orden ya está dada por el juez duodécimo de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte, de pagar a los trabajadores y ese es el único camino para salir del problema legal entre los extrabajadores  y la Cervecería  Nacional.

Protesta en la Corte

Mientras los abogados de las dos partes entregaban documentos en la Corte Constitucional,  en el parque El Arbolito, centro norte de Quito, cerca de un  millar de personas se dieron  cita para participar de una protesta pacífica a favor de la compañía. El evento incluía la presentación de artistas nacionales.

Según un comunicado de la  Cervecería, fue una  autoconvocatoria de los que forman parte de la cadena de producción y distribución  de la empresa. Los empleados organizaron el plantón que se desarrolló frente a la Corte.

Según ellos,  serían más de  7.000 personas las que se verían afectadas si se cobra “una suma tan exorbitante, que sobrepasaría los 400 millones de dólares, eso nos dejaría en la quiebra y la empresa cerraría”, explicó Balladares.

Asistentes a la marcha, como Carmen Tipán y Cecilia Río,  expendedoras de las bebidas, dijeron que fueron invitadas porque  recibirían regalos como gorras, camisetas y jabas de cerveza para sus negocios.

Según  los datos que  maneja la Cervecería, si se cierra la planta, tanto en Quito como en Guayaquil, se quedarían sin empleo 1.700 trabajadores. Se cerrarían 70 distribuidoras, 130.000 puntos de ventas y miles de familias perderían sus fuentes de ingreso. Las protestas  se realizan desde el pasado 16 de marzo, cuando se pidió  la acción extraordinaria de protección a  favor de la Cervecería.