Cientos de informes han sido enviados este año a los juzgados de contravenciones por incumplimientos a la Ley de Derechos del Consumidor, informó María José Fernández, delegada provincial de la Defensoría del Pueblo (DP), durante un operativo realizado ayer en 12 establecimientos comerciales del centro de Guayaquil.

Esta fue la segunda inspección efectuada, luego de que el viernes pasado se cumpliera con una acción similar en los centros comerciales El Fortín y Unicentro.

El operativo tuvo por finalidad verificar que los productos exhiban claramente su precio y fecha de caducidad; que las perchas tengan un rotulado correcto y que la publicidad no sea engañosa.

También se examinó que las marcas ofrecidas sean originales y que los comercios estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias, esto es que no tengan las facturas caducadas, entre otros aspectos.

Estuvieron presentes tanto funcionarios de la Defensoría del Pueblo como de la Intendencia de Policía y del Servicio de Rentas Inernas (SRI).

La actividad arrancó en Chimborazo y Av. Olmedo, zona de la Bahía, centro de Guayaquil, en donde se hicieron observaciones a los propietarios de los almacenes respecto a la forma de exhibir precios y ofertas. En el local de Importadora Florida, donde se expenden sábanas y cobijas, se le recordó a su administrador que los rótulos con los precios no deben causar confusión en el cliente y deben incluir el precio con IVA.

Marco Pacheco, funcionario de la DP, ordenó el retiro de un letrero al pie de una pila de sábanas que decía ‘oferta por hoy’, pues aclaró que si ese es el precio de ‘todos los días’ automáticamente deja de ser una oferta.

Carlos Cajas, comisario noveno de Policía, explicó que casos de publicidad engañosa se observan con frecuencia en aquellos almacenes que colocan letreros de ‘pantalones a $ 5’, sin especificar que la mercadería es seleccionada. Mencionó también que las facturas deben tener especificaciones claras en cuanto a condiciones de devolución o reclamos y tiempo límite.

Almacenes Tía fue otro de los sitios inspeccionados. Allí, la delegada de la Defensoría del Pueblo, cotejó el precio de cada uno de los productos de las canastas navideñas que se ofertan por $ 9,90, para determinar el ahorro. Luego de contabilizar un total de $ 10,80 por canasta, solicitó a los representantes del establecimiento colocar de manera visible los 90 centavos de ahorro, de modo que el consumidor decida si es de su conveniencia.

La funcionaria destacó que es necesario realizar estos controles durante la temporada navideña debido a que los comercios tienen muchas ofertas y el consumidor no se percata de cuál es el ahorro real y qué es lo que está consumiendo.

Consuelo Castro, intendenta de Policía del Guayas, dijo que en esta ocasión, más que anomalías, lo que se encontró fue falta de información entre los dueños de los locales sobre la forma de exhibir los precios, por lo que la intención de este control no fue la clausura.

No obstante, Fernández mencionó que en operativos anteriores sí se encontraron inconvenientes mayores como productos caducados, lo que motivó el envío de informes a los juzgados de contravenciones. Estos tienen la competencia de aplicar sanciones.