Es una zona minera de explotación de caliza, pero, paradójicamente, no tiene vías de cemento. La carretera  para llegar a las 72 comunidades del Valle del Intag, en  Imbabura, es de piedra  y está en mal estado.

En alguna de las siete parroquias quedan rezagos como bordillos de lo  que hace tres años, según cuentan  los moradores, fue una vía de cemento, que a los pocos meses se destruyó por la cantidad de volquetas que circulan por el lugar. La carretera  está a cargo del Gobierno Provincial de Imbabura, que en un  rudimentario peaje cobra 10 centavos a los vehículos livianos; 25 a los de dos ejes y 75  a los de más de tres ejes.

Los habitantes de las comunidades de Intag creen que la minería aporta con  trabajo para ellosMarco Andrade es un tímido cobrador. Cuenta que a diario pasan más de 85 vehículos de carga de las empresas mineras que hay en la zona, que dan empleo a un 80% de la población. No a todos, cuenta Édison Valenzuela, guardia de la escuela de la comunidad El Quinde, puesto que la mayoría de personas migró porque no encontró trabajo y las tareas de agricultura se  afectaron  por la explotación de caliza, que  es  una roca sedimentaria compuesta  por carbonato de calcio y que se extrae de la montaña El Quinde, que ya luce desgastada.  

En la zona se dedican a la explotación de caliza y oro. Trabajan tres empresas como Cecal (mármol), Agroindustrial El Corazón (oro) y empresas como Lafarge (caliza), ex Cemento Selva Alegre, cuya planta industrial queda en Perugachi y, según los moradores de la zona, botan a cielo abierto  los rezagos de calcita y el polvillo afectaría a la  comunidad. Ellos se quejan de que en la noche, mientras duermen, se forma una gran cortina de humo blanco que les produce amigdalitis, faringitis y gripe, que son las enfermedades recurrentes entre la gente. Laura Santander tiene su casa al filo de la carretera como el resto de la población,  porque en la zona las comunidades  no se sitúan alrededor del  parque central, sino que están al filo de la vía que, Valenzuela explica,  fue el único espacio que les dejaron libre y el resto, que es el bosque, lo habrían comprado personas que no habitan allí, para dedicarse a la tala ilegal de madera, que aún persiste.

Santander no puede cultivar. El maíz y la papa que siembra, florecen, pero al final el fruto se pudre. “Es el polvo de caliza, daña el cultivo, yo tengo sinusitis”, reclama. Al pie de su casa se lee un letrero: “Auxilio, señor presidente, ya no soportamos los impactos ambientales,  daños  y perjuicios de la empresa Lafarge”.  

Dos visiones en la zona

En Perugachi, la población está dividida. Hay dos presidentes de junta, Luis Enrique Gualzaqui y el otro Silvio Ruiz, con dos visiones diferentes sobre el tema minero. Ruiz pide sanciones ambientales para las empresas que, según él, contaminan incluso el río El Quinde. Dice que ninguna ha realizado obras de responsabilidad social y “todo es un negociado de los presidentes de juntas que reciben cheques de las empresas y no socializan el dinero con la comunidad”. La esposa de Gualaquiza, Laura Quinchunqui, en cambio, justifica que hayan empresas mineras en la zona por el trabajo que dan a la comunidad, además que una de ellas habría  construido una escuela para que los niños se eduquen. A lo largo de la vía a Intag se pueden observar varias escuelas que llevan el nombre de las empresas mineras. Quinchunqui vive en la zona alta de Perugachi, junto a una antena de telecomunicaciones, y confiesa que hasta allá no llega el polvo, “antes contaminaban más, desde que hicieron el proceso de filtración se rebajó la contaminación, ya no es como antes”, afirma. Lo mismo sostiene Esteban Madongo, quien trabaja como conductor desde hace cuatro años en una empresa minera, que le paga entre 318 y 380 dólares y el Seguro Social. “sí me afecta el polvo, pero tengo trabajito”, justifica.

Piden que se controle de mejor manera a las empresas para evitar daños en el ambiente y a la genteA tres horas adentro, la situación es similar. En El Quinde, por ejemplo,  viven cerca de 156 personas, pero 45 familias emigraron. Los que se quedaron, en su mayoría, se dedican a operar maquinarias en la mina de caliza. Trabajan como guardias y choferes. Jugando un partido de voleibol en la cancha de la escuela están Damián Sarzoza (23 años) y Diego Haro (26 años). Para Sarzoza, la minería les da de comer, además que las empresas les otorgan puestos para  volquetas. Para Haro eso es bueno, pero Valenzuela dice que no son ellos quienes compran una volqueta,sino que adquieren los vehículos a terceros y pagan a los comuneros  500 dólares, por esta razón, el sueldo de los jóvenes operarios  llegaría  hasta 900 dólares, pero  serían  los  responsables  legales del vehículo. El año pasado la empresa de caliza habría entregado 700 dólares a los jefes de familia y con ello adecuaron sus casas. Ninguno de ellos sabe que en la Asamblea Nacional se debate un proyecto de reformas a la Ley de Minería. Solo piden controles para evitar el daño ambiental y a los habitantes.

Ver PDF del Proyecto de Reformas a la Ley de Minería