Exdirectivos del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) están a la espera de que la administración de sus recursos vuelva a sus manos después de casi cuatro años.

En septiembre de 2014 la Asamblea Nacional hizo que varios Fondos Complementarios Previsionales Cerrados pasen a manos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), Superintendencia de Bancos (SB) y entidades relacionadas.

Esto después de que aprobaran la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Biess en la que se establece que cualquier fondo previsional que haya recibido aportes estatales debía ser administrado por la entidad.

Entre esos fondos incluyeron los del magisterio cuyo traspaso se efectivizó en mayo de 2015.

El 8 de febrero de este año, la Contraloría General del Estado (CGE) dio a conocer los resultados de un examen especial que se realizó a todos estos traspasos.

Se encontraron incumplimientos en los principales requisitos para realizar esas acciones. En el caso del magisterio no se pudo establecer el valor de los aportes estatales al fondo.

El traspaso se habría realizado antes de recibir los informes de una auditoría externa que debía mostrar el estado del fondo.

Juan José Castelló, quien fue el presidente fundador del FCME en 1991, explica que el fondo nació como un derecho privado y que está conformado exclusivamente con dinero aportado por los maestros.

“La decisión del expresidente Rafael Correa de tomarse los fondos fue una decisión política que violó principios constitucionales, como es que el dinero privado no puede ser topado por el Estado”, explica Castelló.

Según Marlon Tenecela, último presidente del Consejo de Administración del FCME, con el informe de la CGE la Superintendencia de Bancos debe proceder a pasar la administración del Biess a los maestros.

A Tenecela le correspondería recibir dicha gerencia. Sin embargo, el 20 de febrero los representantes de la asamblea general del FCME respaldaron a la actual administración a cargo del Biess. Están en desacuerdo ante una posible reversión de esta.

Nelly Miño, quien forma parte de la asamblea general del FCME, asegura que los ahorristas consideran que su dinero está mejor administrado y bien resguardado con el Biess y los demás entes de control.

Explica que cuando se hizo el traspaso del fondo a manos públicas se consultó a los partícipantes y ellos lo aprobaron. Considera que si se hace una reversión a manos privadas, se la debe consultar nuevamente.

“Dentro de ellos (exadministración) la mayoría no son docentes, algunos están jubilados y muchos de ellos son deudores morosos del Fondo de Cesantía”, asevera Miño.

Sin embargo, Castelló asegura que nunca se consultó a los maestros del traspaso del fondo al Biess. Además, que entre los requisitos para ser directivo del FCME debe estar al día con sus obligaciones con el fondo y ser maestro en servicio activo.

“El fondo tenía 124.000 partícipes con $ 405 millones de capital cuando pasó al Biess. Actualmente tiene alrededor de 90.000 partícipes y $ 370 millones de capital”, detalla Castelló.

Según la página web del FCME, el total de activos a enero de 2019 suman $ 384 millones. Además, de acuerdo a una reunión que mantuvieron con las máximas autoridades de la Superintendencia de Bancos, Castelló asegura que esta entidad redacta el instructivo para realizar el traspaso.

Miño sostiene que la asamblea de representantes tomará acciones legales para evitar que los fondos pasen a manos privadas. Este diario intentó hablar con representantes del Biess y del FCME, pero no dieron declaraciones al respecto. (I)